El COEM ha celebrado un debate sanitario con los portavoces de los principales grupos políticos que se presentarán a las elecciones a la Asamblea de Madrid el próximo 26 de mayo.
Moderado por el presidente del COEM, Antonio Montero, han asistido al foro de debate, los portavoces de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso, (PP) y José Mª Freire (PSOE), Marta Marbán, portavoz adjunta de Sanidad en la Asamblea de Madrid (Ciudadanos) y Mónica García, Portavoz de Salud (Más Madrid). Todos ellos han expuesto sus propuestas en materia de Sanidad, prestando especial atención a la salud bucodental.
El encuentro ha girado en torno a temas como la mercantilización de la Odontología; cómo evitar que se repitan casos como el de iDental; la publicidad engañosa; la necesidad de incluir la salud dental en los servicios de la Sanidad Pública; la precariedad laboral por el exceso de dentistas (se estima que en 2020 haya 40.000 dentistas en España, tal y como aseguró Antonio Montero) y la nueva normativa sobre la inspección de las clínicas dentales.
Por último, uno de los asuntos en el que más consenso existió entre los representantes de los partidos presentes, el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) de la Comunidad de Madrid que cuenta, en la actualidad, con 834 dentistas adheridos que han realizado 62.000 tratamientos y cuyas expectativas cifran que un total de 50.000 niños entre 6 y 16 años tendrán cobertura dental en Madrid en 2020, los cuales dispondrán de un dentista de cabecera, como afirmó el Dr. Montero.
La mercantilización de la Odontología
Para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, «en el sector de la Odontología ha aterrizado la especulación y se han aceptado por buenas estas prácticas». Por su parte, Marta Marbán afirmó que «es necesaria la creación de una Ley de Salud Pública para evitar que se produzcan estos casos de peligro para los ciudadanos».
Al respecto, José Mª Freire argumentó que «la situación ocurrida ha sido por falta de política porque la salud dental no está incluida en los servicios de sanidad pública y no hay legislación al respecto». Eduardo Raboso aseguró que no era cierto que la Consejería no haya hecho nada y habló de la picaresca que aprovecha los resquicios de la ley para hacer cosas que no deberían hacerse.
La plétora profesional
El presidente del COEM explicó que la OMS recomienda un dentista por cada 3.500 habitantes, para el desarrollo adecuado del ejercicio profesional. En España hay uno por cada 700 habitante y solo el 48% de la población acude al dentista. Para Mónica García «la base del problema es el surgimiento de las universidades privadas y una desregulación del modo en el que los profesionales salen al mercado», además de que «en el ejercicio público hay una carencia de profesionales», produciendo un desequilibrio con la parte privada.
La portavoz de Ciudadanos apuesta por controlar los mecanismos de plazas en las universidades, lograr un incremento del número de personas que van al dentista, aumentar los profesionales del ámbito público y establecer convenios entre lo público y lo privado para poder llegar a más población. José Manuel Freire afirmó que «hay fábrica de profesionales vinculada a las universidades privadas. Hay mercado de explotación que no está regulado ni inspeccionado». Para el portavoz del PP la regulación debería venir a nivel estatal y planteó la posibilidad de implantar numerus clausus.
Inspección de clínicas dentales
Tras la publicación de la Orden 1158/2018, de 7 de noviembre de la Consejería de Sanidad de la CAM que regula, entre otros aspectos, los requisitos técnicos que deben cumplir las clínicas dentales para su autorización, se obliga a los profesionales que tienen consulta a hacer una serie de modificaciones estructurales para poder contar con la autorización para el desarrollo de la actividad. El problema de clínicas como iDental no era a nivel estructural, por lo que parece que esta medida afecta más al dentista tradicional que tiene su clínica.
Mónica García insistió al respecto que la clave es «un Gobierno que controle la salud de la población con políticas activas». Para Marta Marbán es necesario una «mayor inspección de mala praxis, mayor comunicación en los medios públicos para informar a los ciudadanos de casos como iDental para evitar que más ciudadanos sigan cayendo, ser más rigurosos con la publicidad».
«Se trata de una orden reactiva y punitiva, cuando en realidad hay que ser proactivos en estos casos. Se necesita voluntad política de regular bien y poner instrumentos para ello», aseguró José Manuel Freire. Mientras, Eduardo Raboso puso la clave en que «la designación de determinados actos odontológicos como intervenciones quirúrgicas constituye un acto de elevación técnica o conceptual de la profesión odontológica, lo que lleva a que el dentista deba hacer adaptaciones en sus clínicas que es muchas situaciones se asemeja a un quirófano».
PADI
Hace ya dos años que se firmó el Convenio de Atención Bucodental Infantil con la Consejería de Sanidad, coordinado por el COEM. A raíz de la ley propuesta por el PSOE, que ha contado con el visto bueno de la mayoría de los grupos políticos, la atención dental infantil va a ser diferente a partir de enero de 2020. Cada niño tendrá su dentista de cabecera, que será público o privado, y éste se encargará de todo el tratamiento del menor.
La portavoz de Más Madrid explicó que se habían abstenido en la votación porque ellos defendían que solo el sector público debía gestionar este tipo de convenios. Ciudadanos, por su parte, sí apoyó la nueva del del PADI, mientras que el portavoz del PSOE destacó el carácter universal de esta medida y explicó que «durante el tiempo que fuera necesario se mantendría el sistema actual y en paralelo se iría ampliando en distintas cohortes a partir del 1 de enero de 2020».
El portavoz de Sanidad del PP insistió en que la clave es este nuevo PADI será la cápita, que deberá ser ajustada, «una muy baja puede no interesar al odontólogo privado, pero una muy alta podría amenazar al odontólogo que no quiera incorporarse al programa PADI».
