El Presidente de ASPE, Carlos Rus, durante su reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

ASPE, Alianza de la Sanidad Privada Española, se reunió ayer con el ministro de Sanidad, Salvador Illa para solicitarle incluir al sector privado en el real decreto con los criterios de reparto del fondo sanitario de 10.000 millones de euros.

El presidente de ASPE, Carlos Rus, detalló en una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la implicación de la sanidad privada en la gestión de la COVID-19 durante los meses de marzo y abril, los más críticos de la pandemia, y cómo ha afectado de forma extrema a la viabilidad e insostenibilidad económica de los centros sanitarios. Desde ASPE destacan que la disposición de la sanidad privada se ha facilitado desde antes de que se declarara el Estado de Alarma mediante la interlocución constante con las autoridades sanitarias autonómicas, poniendo a su disposición todos sus recursos humanos, materiales, instalaciones e inventarios.

El objeto principal del encuentro fue exponer la afectación del sector ante un contexto drástico de limitación de la actividad de programación asistencial ordinaria, y sus consecuencias en una dramática situación económica y de viabilidad que vive el sector. ASPE solicitó al ministro que el sector de la sanidad privada sea considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijará el real decreto del fondo autonómico sanitario de 10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado hace semanas que pondrá en marcha. El ministro Salvador Illa comprometió una respuesta en un periodo de 10 días.

Estudio de afectación de la asistencia sanitaria ordinaria
ASPE detalló al ministro de Sanidad los datos de implicación de los centros privados sobre la base de un estudio realizado en las últimas semanas con datos de marzo y abril a una muestra de 124 centros sanitarios que suponen el 42% de los hospitales privados generales de España y el 41% de las camas existentes en este tipo de centros sanitarios, suficientemente representativa para establecer el impacto consecuente que ha tenido el COVID-19 en el sector empresarial de la provisión sanitaria.

Los 124 hospitales privados señalados, que conforman la muestra del estudio, han asumido el 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID (19.289) y el 14% de los ingresos en UCI (1.536). A nivel de actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.

Ante esta situación, ASPE solicitó a Illa medidas urgentes y específicas:

1.- En relación con la solicitud de desprogramar toda actividad sanitaria que no sea de carácter urgente o preferente y la declaración de actividad esencial, con la consecuente imposibilidad de adaptar los costes del centro a la situación específica:
a. Que en los fondos que el Gobierno tiene previsto repartir entre las CCAA para cubrir los costes sanitarios se contemple la compensación por los servicios asistenciales COVID y no COVID de pacientes derivados a la sanidad privada, bajo mandato de las autoridades sanitarias.
b. Que en esos mismos fondos se contemple la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI, puestos a disposición e informados de forma diaria a las autoridades sanitarias autonómicas.
c. Establecimiento de medidas específicas para el sector sanitario privado que doten de liquidez a los centros, por la caída de actividad ordinaria: líneas de financiación ICO con carencia de 1 año exenciones y/o bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, entre otros.

2. Establecimiento de medidas fiscales:
a. Necesidad de establecer de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios. Esta crisis ha puesto de relieve el carácter fundamental de estos bienes y la barrera que supone los costes de adquisición en un sector donde el IVA es un coste al carecer de IVA los servicios que factura a sus pacientes.
b. Necesidad de retrotraer los efectos de esta regulación al momento de decretarse el Estado de Alarma. Art 9 del RDL 15/2020.

Para Carlos Rus, “la sanidad privada, que supone el 3,4% del PIB español y que da empleo directo a 266.000 profesionales, vive la situación de viabilidad más crítica de su historia y debe ser respaldada con medidas que favorezcan su supervivencia”.