El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a un total de 35 personas por las presuntas estafas de las clínicas iDental, así como, en otra serie de mercantiles, por delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 383 páginas, el juez pone fin a esta pieza, centrada en los delitos económicos, que se dirige, por un lado, contra una organización dedicada a obtener financiación de Bankia para invertir en empresas y enriquecerse con los préstamos obtenidos en perjuicio del inversor y, en segundo lugar, por las operaciones fraudulentas relacionadas con el Grupo iDental.
Fuera de esta pieza, explica de la Mata, en la parte principal del procedimiento, quedan ahora los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados y otras personas en los tratamientos odontológicos de iDental, así como los delitos contra la hacienda pública.
El magistrado afirma que estamos ante dos organizaciones criminales diferentes, que han desarrollado distintas actividades delictivas, y que coincidieron (lo que lleva a la conexión procesal en este procedimiento), en la transmisión del Grupo iDental, que fue vendido por los primeros (A.G.P. y V.C.), a los segundos (L.S.S., J.M.G.L. y J.G.L.).
La estrategia fraudulenta de iDental
El auto explica que la estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes, a precios irrisorios, con pleno conocimiento de la incapacidad del Grupo para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, haciéndoles creer que el coste muy elevado de los servicios estaba cubierto mediante subvenciones o ayudas oficiales.
Una vez captado el cliente se le presionaba de forma muy agresiva para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo, obviando también los requerimientos económico-financieros de solvencia establecidos por las compañías de crédito. Todo ello para obtener así el cobro de una vez del importe íntegro del crédito por parte de la entidad financiera.
La finalidad real era captar como fuera el máximo número de clientes y, por tanto, el mayor número de recursos económicos procedentes de los créditos al consumo, «con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido», asegura el juez.
Tratamientos masivos inacabados
El magistrado relata que un número masivo de tratamientos quedaron inacabados, fueron defectuosos y, en muchos casos produjeron alergias e intolerancias y, en otros, lesiones, debido a la absoluta insuficiencia en la capacidad de producción de los servicios por parte de las clínicas del Grupo, la limitada experiencia de los odontólogos contratados, en su mayoría recién graduados sin práctica profesional.
Gran cantidad de pacientes, prosigue el instructor, fueron atendidos con nula o baja experiencia por lo que sufrieron lesiones causadas por una mala praxis y un mal asesoramiento. Por ejemplo, en casos de intervenciones quirúrgicas, nadie les recomendó que debían tomar antibióticos para prevenir posibles infecciones posteriores.
A ello el juez añade la limitada calidad de los productos utilizados y la poca y deficiente higiene del material utilizado.
