La institución subraya la necesidad de supervisar en este tipo de centros la calidad y seguridad de las prestaciones sanitarias y las prácticas publicitarias que realizan. El objetivo es evitar las macro estafas y sus consecuencias en la salud de los afectados.
En 2018 miles de personas en toda España se vieron afectadas por el cierre definitivo de las clínicas de iDental. De hecho, el Defensor del Pueblo ha recibido un elevado número de quejas que denuncian tratamientos incompletos, mala praxis, dificultad para acceder a sus historias clínicas (necesarias para iniciar una reclamación) y créditos vinculados en ejecución. Así lo recoge la institución en su informe anual correspondiente al año pasado.
De este modo, el Defensor del Pueblo considera que las administraciones públicas competentes deberían intensificar las campañas de inspección y control, incoar eficazmente los procedimientos sancionadores correspondientes, ejecutar las sanciones impuestas. Además, hace hincapié en la necesidad de realizar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para que conozcan sus derechos en estos ámbitos.
Actualmente, este organismo hace un seguimiento de las distintas actuaciones administrativas en aquellas comunidades autónomas en las que los afectados que se han dirigido a él han presentado reclamaciones. Concretamente, hasta la fecha de elaboración de este informe, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones con Cantabria, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Las administraciones sanitarias, una vez se produjo el problema y comenzaron a recibir reclamaciones, ejercieron sus potestades, realizando actuaciones de inspección, control y sanción del incumplimiento de la normativa estatal y autonómica relativa a los requisitos de autorización y funcionamiento de centros y servicios sanitarios. También han procedido a contabilizar, ordenar y digitalizar las historias clínicas a fin de que los afectados puedan recuperarlas.
