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El Consejo de Dentistas presenta a Sanidad sus aportaciones a la fase de consulta previa a la modificación de la LOPS

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas.
El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. Imagen: cedida por el Consejo.

El Consejo General recuerda que esta es todavía una fase de consulta pública previa y que las alegaciones se concretarán aún más cuando exista un texto articulado en fase de audiencia e información pública.

El Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España ha remitido al Ministerio de Sanidad su informe de aportaciones al trámite de consulta pública previa abierto con motivo del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), en cuyo análisis y elaboración esta Organización Colegial viene trabajando intensamente desde hace semanas.

El informe presentado ha sido elaborado teniendo en cuenta, asimismo, las aportaciones realizadas por los distintos Colegios Oficiales de Dentistas, así como por aquellos colegiados que hicieron llegar al Consejo General sus consideraciones y observaciones en relación con esta reforma, «lo que ha permitido enriquecer el documento desde una perspectiva institucional, profesional y técnica».

Con esta actuación, «el Consejo General de Dentistas reafirma su compromiso institucional con la defensa de la profesión odontológica, con la seguridad jurídica del ejercicio profesional y con la protección de la salud de los pacientes, en un momento especialmente relevante para la ordenación de las profesiones sanitarias en España».

Posición ante la reforma de la LOPS

En su informe, el Consejo General valora de forma positiva la oportunidad de actualizar la LOPS para adaptarla a la evolución del sistema sanitario, al actual marco de titulaciones universitarias y a los sistemas vigentes de cualificación y desarrollo profesional. No obstante, subraya con firmeza que «esta reforma no puede servir, ni directa ni indirectamente, para alterar las atribuciones profesionales del dentista, diluir la reserva legal de su núcleo funcional o generar solapamientos competenciales incompatibles con la seguridad jurídica y con la adecuada protección del paciente».

En este sentido, el Consejo General ha trasladado al Ministerio la necesidad de que la futura norma preserve expresamente el núcleo funcional propio de la profesión de dentista, esto es, las funciones de promoción de la salud bucodental, prevención, diagnóstico, tratamiento y prescripción dentro del ámbito de ejercicio propio de la Odontología, en coherencia con la legislación vigente y con la configuración de la Odontología como profesión sanitaria facultativa.

Asimismo, el informe insiste en que «la actualización terminológica o clasificatoria de la LOPS no puede utilizarse como vía indirecta para redistribuir funciones entre profesiones sanitarias ni para desdibujar los límites legales existentes entre dentistas, higienistas y protésicos dentales. Del mismo modo, el Consejo General defiende que la regulación del trabajo en equipo y de la delegación profesional debe respetar de forma plena los actos clínicos que corresponden al dentista y evitar cualquier fragmentación del acto clínico bucodental».

Otro de los ejes centrales de las aportaciones remitidas al Ministerio es la necesidad de reforzar la figura del responsable clínico dental, así como la continuidad asistencial, la trazabilidad del tratamiento, la adecuada gestión de la historia clínica y el derecho del paciente a conocer la identidad, titulación y función del profesional que le atiende. El Consejo General considera especialmente importante que «la futura regulación tenga también presente esta realidad en el ámbito del ejercicio privado, donde tales garantías resultan igualmente imprescindibles».

El encaje de las especialidades odontológicas en la LOPS

El Consejo General de Dentistas también ha puesto de relieve la relevancia de las especialidades odontológicas y la necesidad de que la futura reforma de la LOPS tenga en cuenta su encaje sistemático. A este respecto, ha recordado que «la inexistencia actual de títulos oficiales de especialista implantados para la profesión odontológica no puede traducirse en una posición jurídica o clasificatoria inferior para los dentistas, ni puede convertirse en un factor de discriminación respecto de otras profesiones sanitarias facultativas».

En conexión con ello, el Consejo General ha advertido de que «la futura modificación de la LOPS y su relación con otros procesos normativos, singularmente con la futura reforma del Estatuto Marco, no pueden desembocar en una degradación de la posición de la Odontología dentro del sistema de profesiones sanitarias. La profesión de dentista, por su naturaleza, formación, autonomía clínica y responsabilidad asistencial, debe mantener el reconocimiento que le corresponde en el ordenamiento jurídico sanitario».

Igualmente, el Consejo General ha defendido que «la formación continuada y el desarrollo profesional deben reforzarse como derecho y deber del profesional sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado, pero siempre sin que los instrumentos de acreditación puedan operar como mecanismos indirectos de ampliación de competencias o como sustitutivos de los títulos oficiales que, en su caso, correspondan».

Defensa de la profesión odontológica

El Consejo General de Dentistas recuerda, en todo caso, que «nos encontramos todavía en una fase de consulta pública previa. Esto significa que en este momento no existe aún un texto articulado del anteproyecto, sino únicamente una fase inicial destinada a recabar opiniones y aportaciones sobre la oportunidad de la reforma, sus objetivos y los problemas que la futura norma debería abordar. Será en la posterior fase de audiencia e información pública, cuando ya exista un texto normativo concreto, cuando este Consejo General podrá formular alegaciones todavía más precisas, detalladas y técnicas sobre el contenido del futuro proyecto legal».

«El Consejo General de Dentistas seguirá participando activa y responsablemente en todo el proceso de elaboración normativa, ejerciendo la representación institucional que le corresponde y actuando, como siempre, en defensa de la profesión odontológica, de la calidad asistencial y de los derechos de los pacientes», concluyen.

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