El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife denuncia la desigualdad en la aplicación de la ordenanza de residuos

«Mientras existen al menos cinco Centros de Salud públicos que cuentan con contenedores exclusivos de recogida de residuos sanitarios de Tipo II en la vía pública, no se ha autorizado a las empresas gestoras privadas a que coloquen puntos para que los dentistas puedan depositarlos», destacan desde la organización colegial tinerfeña.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife denuncia que «el Área de Gobierno de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos de la capital tinerfeña, está discriminando a la red privada de dentistas en la aplicación de la Ordenanza de Residuos». La Ordenanza Municipal de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos para una economía circular, determina que en la gestión de los residuos sanitarios no específicos (grupo II) son las personas productoras las que deben entregarlos a una entidad gestora autorizada y que, en ningún caso, se depositarán en contenedores o sistemas alternativos de depósitos establecidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la vía pública.

Sin embargo, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado que, «al menos cinco centros de salud de la capital, cuentan con contenedores colocados en la calle para este tipo de residuos y de uso exclusivo, autorizados por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. La corporación se ha negado, en cambio, a autorizar a las empresas gestoras privadas a que coloquen, en determinados puntos, este tipo de contenedores para que los dentistas puedan depositar estos residuos. Por ello, la entidad colegial considera que la corporación local mantiene una actitud arbitraria».

En palabras de la presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción León Martínez, “las consultas dentales ya asumen la recogida selectiva de los residuos sanitarios de tipo III, a través de empresas autorizadas, y ahora se les ha sumado una nueva obligación con residuos que podrían ser asimilables a domésticos, con el consiguiente aumento de costes que esto genera”. La doctora León Martínez añade que “no entendemos la negativa del Ayuntamiento, ni la falta de soluciones viables para un colectivo que está cumpliendo con todas sus obligaciones legales”.