La directora general adjunta de A.M.A. y responsable del ramo de Responsabilidad Civil Profesional, Raquel Murillo, ha dirigido con un rotundo éxito y el aforo completo un Taller de trabajo sobre el “XX aniversario de la Ley de Autonomía del Paciente y los problemas sin resolver” que plantea esta norma, en el marco del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
La jornada ha sido seguida con notable interés por los numerosos asistentes, entre ellos personalidades relevantes y expertos reconocidos del ámbito jurídico y sanitario.
En el Taller patrocinado por la Fundación A.M.A. han participado Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad y Consumo; Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo; y Federico de Montalvo Jääskeläinen, vicerrector de Relaciones Institucionales y secretario general de la Universidad Pontificia de Comillas.
Por parte de A.M.A. han asistido el presidente, el Dr. Diego Murillo, y numerosos miembros del Consejo de Administración y patronos de la Fundación A.M.A.
Para centrar el debate, Raquel Murillo recordó que “el respeto a la autonomía del paciente se conforma en la actualidad como una obligación ética y legal imprescindible para garantizar el ejercicio de la buena praxis profesional en el ámbito sanitario”.
Asimismo se refirió al papel desarrollado por A.M.A. en la evolución que la aplicación de la ley ha supuesto para el profesional sanitario, bien mediante el asesoramiento y formación permanente y también en el ámbito judicial con la defensa de los sanitarios en multitud de procedimientos judiciales, siendo no solo testigo de excepción de las implicaciones que la aplicación de esta ley ha supuesto para el profesional sanitario, sino parte activa en esta evolución. “No podemos olvidar que la jurisprudencia ha jugado un papel fundamental para completar la interpretación y aplicación de la ley”, afirmó Murillo.
Con vistas al futuro, según explicó, “nos encontramos ante una realidad en continua transformación, que nos exige abordar determinadas cuestiones desde una nueva perspectiva” y puso como ejemplo la ley de pandemias, la regulación de la telemedicina o la relación entre capacidad y autonomía del paciente.
En su opinión, estas cuestiones “requerirán de la introducción de modificaciones en nuestra legislación y de un desarrollo adecuado de nuestra jurisprudencia” para garantizar la seguridad jurídica de los pacientes y los profesionales sanitarios.
“Desde A.M.A. nuestro reto será continuar apoyando al profesional sanitario en todas las necesidades que, como vemos a futuro, habrá que abordar y darle respuesta de forma ágil”, subrayó Raquel Murillo.
El taller que ha contado con la presencia de ponentes de primera línea, abordó las diferentes cuestiones desde una perspectiva múltiple. Así la ex ministra Ana Pastor hizo un repaso de la ley 41/2002, en la que “por primera vez se contemplan los derechos y obligaciones en materia de información clínica”.
Una ley muy relevante, en opinión de Ana Pastor, pero “que ha llevado a numerosas reclamaciones judiciales por la dificultad de discernir entre la información y la documentación clínica”. En este sentido, señaló que hace falta un nuevo marco regulatorio sobre la telemedicina, sobre los ensayos clínicos, sobre el uso de la inteligencia artificial y también sobre los consentimientos informados.
Para Ana Pastor, la ley tiene unos principios básicos positivos, pero necesita una revisión para reforzarla y actualizarla. Para concluir su intervención hizo un llamamiento a “un amplio consenso político para aprobar las leyes sanitarias”.
Elena Mantilla repasó la amplia normativa elaborada en materia sanitaria por la Comunidad de Madrid en los últimos meses; y en relación con la Ley de Autonomía del Paciente pidió “una actualización para adaptarla a la realidad actual y futura, mayor cohesión de los protocolos en cualquier territorio y la concreción de los criterios a seguir para evitar posibles demandas”.
Manuel Marchena analizó la historia clínica, “como conjunto de informes y documentos que permiten conocer la situación de un paciente en un momento determinado” y su relación con el derecho a la protección de datos, un derecho este último que, en su opinión, está sufriendo una “mutación generacional”. También hizo un detallado repaso de los casos más relevantes dirimidos por el Supremo en relación con la vulneración de la privacidad de la historia clínica y las importantes penas impuestas a los condenados.
José Luis Seoane también realizó un pormenorizado análisis de la evolución de la jurisprudencia nacional e internacional sobre el consentimiento informado y relató una amplia casuística sobre su regulación y los casos derivados omisión por parte del médico, una de las causas de reclamación más común por parte de los pacientes.
Federico Montalvo, como buen conocedor de esta ley sobre la que hizo sus tesis doctoral, enumeró “las muchas virtudes y alguna pequeña mejora” de una norma, que es “un desarrollo directo de la regulación de los derechos fundamentales y un ejemplo de legislación con técnica normativa moderna”.
