Tres colectivos sanitarios gallegos alertan de la acreditación de competencias mediante la experiencia profesional y la educación no formal

Los presidentes del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia (CPHDG), Andrea Pardo; del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia (COPRODEGA), Avelino Sanmartín y de la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (ATESSGA), Juan Ramón Pérez, mantuvieron una segunda reunión de trabajo, acompañados de sus respectivos gabinetes jurídicos, para tratar su posicionamiento conjunto en relación al procedimiento de acreditación de competencias mediante la experiencia profesional y educación no formal que promueve la Consellería de Educación.

Esta fue una más de las reuniones que han estado llevando a cabo durante los dos últimos meses con las Administraciones sanitarias y educativas, con técnicos de la Consellería de Educación, con otros colegios profesionales, así como con colectivos del sector empresarial.

En estos encuentros, se hizo hincapié en la “contradicción existente, al admitir los poderes públicos la existencia de personas que ejercen competencias reguladas sin la titulación habilitante para ello, para posteriormente, reconocer esas mismas competencias a través de una experiencia profesional que en ningún caso debiera haber existido”.

Asimismo, durante las reuniones mantenidas, los colectivos han recordado que “algunas de estas profesiones, como es el caso de higienistas y protésicos dentales, son profesiones colegiadas. Siendo, además de la titulación habilitante, requisito indispensable para el ejercicio de las mismas la colegiación”.

“Son fines esenciales de los Colegios Profesionales la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Motivo por el que no pueden, en ningún caso, abstraerse de esta actuación de la Administración educativa, que cuenta con la pasiva complicidad de la Administración sanitaria”, han denunciado Pardo, Sanmartín y Pérez en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Comparten, además, que en todos estos encuentros y reuniones “ha habido una mínima receptividad a los planteamientos aportados, así como se ha evidenciado la ausencia de voluntad política en corregir la aplicación sin matices de esta normativa estatal”.

“Igualmente”, añaden, “del estudio del procedimiento de acreditación de competencias se ha concluido que el mismo se encuentra perfectamente financiado a través de un elevado grado de recursos económicos, lo cual parece repercutir de forma negativa en los agentes directamente implicados a la hora de percibir, entender y comprender, los asuntos planteados por estas organizaciones”.

«Al calor de este procedimiento de acreditación de competencias también mediante la formación no formal -destacan en su escrito-, ha aparecido, de forma abrupta y repentina, un vasto mercado de formación “ad hoc”, mayormente online, que ofrece formación alternativa eludiendo la formación académica reglada a precios desorbitados y que no garantiza una formación integral. Un ecosistema formativo que desestructura la formación de las profesiones sanitarias reguladas”, alertan.

Los representantes de los tres colectivos insisten que “el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen que garantizar el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Y lamentan que desde las instituciones se obvien sus reivindicaciones, las cuales creen que “podrían solucionarse con un mero ejercicio de sensatez y sentido común”.

Al final de su comunicado, las organizaciones reunidas anuncian que seguirán muy de cerca el procedimiento, “obligadas por la defensa de sus fines sociales, contando con el apoyo de sus servicios jurídicos”.