Finalmente, el jueves 28 de abril el Congreso de los Diputados tomó la decisión de no tramitar la Proposición de Ley relativa a la Publicidad de Prestaciones y Actividades Sanitarias que presentó el Partido Popular el martes y que se debatió en la Cámara Baja.
En total hubo 120 votos a favor (PP, Grupo Parlamentario Republicano y Grupo Vasco entre otros), 159 en contra (PSOE y Unidas Podemos entre otros) y 70 abstenciones (Vox, Ciudadanos y Grupo Parlamentario EH Bildu entre otros)
Los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos, Veterinarios, Podólogos, Psicólogos y Fisioterapeutas, que acudieron al debate sobre la Ley de publicidad sanitaria este mismo martes 26 de abril, han estado en los últimos años mantenido reuniones con todos los grupos políticos para reclamar esta ley, insistiendo en la necesidad de regular la publicidad sanitaria y así poder proteger la salud de los ciudadanos. Por lo que el resultado ha supuesto una gran decepción.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, declara que “es muy triste que, una vez más, hayan primado los intereses políticos por encima de los del ciudadano. La tramitación de esta PL hubiera evitado que se repitieran escándalos como el de iDental, que atrajo a los ciudadanos gracias a sus agresivas campañas de publicidad donde prometían tratamientos subvencionados con excelentes resultados y que dejó miles de damnificados en toda España. Desde el Consejo General de Dentistas seguiremos luchando, como hemos hecho hasta ahora, para proteger a los ciudadanos y velar por una Odontología ética y de calidad”.
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), se hace eco de estas palabras declarando que el único objetivo fundamental de esta Ley es garantizar la seguridad del paciente y la seguridad clínica. “Este NO por parte de la mayoría del parlamento supone una oportunidad perdida para acabar con la charlatanería y con todos aquellos que tratan de aprovecharse de la desesperanza de la gente en situación de vulnerabilidad con mensajes y publicidad que intencionadamente generan confusión y engaño”.
Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, añade que “nos sumamos al resto de Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias y consideramos una oportunidad perdida el no avanzar una regulación en el ámbito de la publicidad sanitaria que apueste y refuerce la seguridad del paciente”.
En la misma línea, Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios, explica que “la publicidad no regulada en cuestiones sanitarias a menudo corre pareja a las noticias falsas y a las creencias erróneas, por lo que debe existir un marco claro de regulación. Los veterinarios y veterinarias recomendamos a todos los ciudadanos que conviven con animales de compañía que tengan prudencia ante cualquier mensaje sospechoso, ya que en muchas ocasiones se pone en riesgo la salud de las mascotas y de las personas, pues no existen líneas divisorias entre la sanidad animal y la salud pública”.
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa, asegura que la votación del Congreso no satisface a la organización que lidera. “Con la regulación de la publicidad sanitaria se reclamaba más ética y veracidad en esta materia y que se protegiera a las personas con vulnerabilidad social, que es en definitiva, lo que se solicitaba a los diferentes grupos políticos. Nos inquieta que este asunto se deje en manos de las comunidades autónomas, ya que se van a seguir produciendo ciertas prácticas, -como las recomendaciones de productos, medicamentos o tratamientos que requieren prescripción facultativa-, por parte de personas de influencia en redes sociales que no disponen de ningún conocimiento sanitario”.
“Desde el Consejo de Fisioterapeutas, -afirma su presidente, Gustavo Paseiro– estamos decepcionados y contrariados con la decisión que se ha tomado hoy en el Congreso. El objetivo de esta ley no pretende mejorar la situación de los profesionales sanitarios, sino dotar a la sociedad de los mecanismos adecuados para protegerse del fraude y del engaño. Más de un millón de profesionales con profundo conocimiento de la realidad social a nivel sanitario hemos reivindicado esta ley como algo necesario por lo que vemos todos los días en nuestras consultas, por las preguntas que nos hacen continuamente nuestros pacientes, por la cantidad de personas que pasan por nuestras manos que han sufrido este tipo de fraudes y a los que no les podemos dar ninguna solución. De nuevo, la opinión de los que sabemos cómo se encuentra la sanidad en nuestra sociedad ha sido ninguneada y ensordecida”.
Por último, Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, reconoce que “nos sentimos defraudados, ya que hay consenso tanto por parte de los profesionales como de los grupos políticos en una materia que necesita regulación. Lamentamos que, por otros intereses que no se corresponden con el interés general, no se produzca ni siquiera su debate. Y el principal afectado de este rechazo son los ciudadanos”.
