A.M.A Grupo ha superado la importante cifra de 500.000 asegurados en Responsabilidad Civil Profesional (RCP) y sitúa a la entidad como la mutua de referencia en RCP entre los profesionales sanitarios.
Conviene destacar, además, que en esta cifra no están incluidos profesionales al servicio de las Administraciones públicas. A.M.A. valorando siempre con todo interés las ofertas recibidas desde diversos Ejecutivos autonómicos para que asumiera el seguro de sus trabajadores públicos, decidió rechazar dichas propuestas, porque esas pólizas debían incluir también a profesionales que no pertenecen al colectivo sanitario.
El seguro de Responsabilidad Civil Profesional se consolida, por tanto, como uno de los productos mejor valorados por los mutualistas de A.M.A., especialmente en este tiempo de pandemia donde ha sido más complejo gestionar las reclamaciones.
El significativo incremento de pólizas de Responsabilidad Civil es resultado del trabajo, experiencia y profesionalidad del área dirigida por Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del ramo de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A., y de Beatriz Martínez, jefa del Departamento de Siniestros de Responsabilidad Civil Profesional.
Un equipo jurídico con más de 300 profesionales especializados en Derecho Sanitario trabaja a diario para que el colectivo sanitario pueda ejercer su profesión con seguridad, tranquilidad y suficientes garantías, sin temor a sufrir las consecuencias de una reclamación.
En este tiempo, se han asistido a más de 30.000 profesionales de la Sanidad que han recibido reclamaciones civiles y penales, habiendo conseguido el 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en civiles.
En su afán por satisfacer todas las necesidades de los sanitarios y continua innovación, y protegerles para que desarrollen su trabajo con la mayor tranquilidad, A.M.A. ha creado un área de Prevención Legal pionera que está orientada a formar a los profesionales y evitar las reclamaciones favoreciendo también los acuerdos extrajudiciales que evitan la judicialización de los procesos.
