Han pasado ya dos años desde la puesta en marcha del Sistema español de Receta Electrónica Privada y los organismos impulsores de esta iniciativa, los Consejos Generales de Médicos, Dentistas, Podólogos y Farmacéuticos han hecho balance esta semana de los principales hitos que ha supuesto su implementación en nuestro país.
Durante estos dos años, se han dispensado cerca de un millón de medicamentos a través de este sistema, dando cobertura y prestando un servicio a 9,2 millones de usuarios de la Sanidad Privada.
El acuerdo marco de colaboración suscrito en 2018 consensuaba los estándares mínimos de las homologaciones necesarios para permitir la interoperabilidad y garantizar la seguridad en el acceso y transmisión de la información, así como la protección de la confidencialidad y todos los requisitos obligatorios para las recetas médicas establecidos en la normativa sanitaria. En definitiva, para que cualquier receta electrónica prescrita en el ámbito privado pudiese ser dispensada en cualquier farmacia de España, con garantías de seguridad para los pacientes.
Seguridad para el paciente
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo cree que el Sistema de Receta Electrónica Privada es fundamental “porque ha supuesto un paso de gigante en lo que respecta a la seguridad del paciente, que tiene la seguridad de que quién le receta su medicamente es un profesional colegiado y habilitado para el ejercicio profesional”. Además, subraya el avance que supone este sistema en la lucha contra el fraude debido a que la trazabilidad de la eReceta impide su falsificación o duplicación.
Por su parte, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas asegura que “contar con un sistema de receta electrónica común para todo el sector de la sanidad privada en España ha supuesto un gran avance para las consultas de Odontología, no solo mejorando la calidad y eficiencia del proceso asistencial a los ciudadanos, también evitando el intrusismo profesional que tanto afecta a nuestra profesión, puesto que la receta electrónica privada permite identificar al profesional prescriptor y su habilitación”.
Un caso de éxito
“Para nuestros compañeros es muy importante estar en este grupo de trabajo para la implantación y seguimiento de este proyecto lo que permite dar a conocer el papel prescriptor de nuestros profesionales, muchas veces desconocido”, destaca la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa.
Para Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la implantación de la eReceta Privada es un caso de éxito y entendimiento entre las profesiones sanitarias y las autoridades sanitarias: “fuimos pioneros en el desarrollo de la receta electrónica pública y lo volvemos a ser a nivel europeo con la implantación de este sistema electrónico de receta privada”.
El impacto de la pandemia
La pandemia de la COVID19 no solo no ha supuesto un parón en la puesta en marcha del sistema de eReceta Privada, sino que se ha acelerado su desarrollo ante la imposibilidad de acudir a las consultas y la necesidad de acceder a las prescripciones a través de medios electrónicos.
El Sistema de Receta Electrónica Privada cuenta con un total de nueve sistemas y repositorios de prescripción homologados y está abierto a cualquier otra empresa que solicite homologar sus sistemas de prescripción y repositorios de prescripción conforme a los estándares mínimos establecidos para salvaguardar el cumplimiento de la normativa sanitaria. En la actualidad, están homologadas las siguientes entidades:
- Chip Card/Redsys Salud.
- Digital Prescription Services SA (REMPe).
- Docline.
- Grupo Hospitalario Quirónsalud.
- HM Hospitales.
- iDoctus.
- Medigest.
- Open Healthcare.
- Sanitas.
Además, la eReceta Privada ha incorporado la posibilidad de prescribir y dispensar estupefacientes con todas las garantías exigidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y conforme a la legislación vigente en materia de prescripción y dispensación de medicamentos estupefacientes (Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre)
