Tres años después del cierre de iDental aún no existe una ley de Publicidad Sanitaria. Tras el escándalo que supuso su cierre sin previo aviso, aún no se ha desarrollado una ley que regule los mensajes publicitarios de contenido sanitario “para que la información que se difunda sea rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda al ciudadano con mensajes engañosos, según palabras del Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.
El 14 de junio se cumplen tres años del cierre de iDental, un escándalo sanitario sin precedentes en nuestro país. Debido a este cierre, muchos de los afectados vieron cómo sus tratamientos quedaban sin finalizar a pesar de haberlos pagado o financiado.
El 26 de julio de 2018, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó asumir esta investigación del cierre de iDental por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de decenas de miles de afectados y la compleja estructura societaria y de financiación de la compañía. Desde ese momento, el Consejo General de Dentistas se encuentra personado en el procedimiento penal ante la Audiencia Nacional como acusación popular.
Para el Dr. Castro Reino el futuro no es precisamente halagüeño. Considera “muy preocupante que, tres años después y a pesar de todas las reuniones que ha mantenido con todos los partidos políticos y la Administración, no se haya tomado ninguna medida para evitar que se repitan situaciones tan graves como la de iDental y, por lo tanto, volverá a suceder”.
El objetivo, la protección de los ciudadanos
El Dr. Castro destaca la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la protección de los pacientes afectados cuando las empresas cesan su actividad por cualquier razón. “Se debería considerar la modificación de la ley de Sociedades Profesionales para que todas aquellas empresas cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesionales deban inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil como sociedades profesionales y, por tanto, queden sujetas a las normas deontológicas de los Colegios Profesionales”, explica.
Pequeños avances, aunque insuficientes
El único avance para regular la publicidad sanitaria tuvo lugar el pasado mes de abril. La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular que instaba al Gobierno a tomar medidas que impidan la publicidad engañosa en el ámbito sanitario.
Además, se dio luz verde a una moción presentada por el Partido Socialista. El objetivo era ampliar el régimen de garantías de las empresas que ofrecen servicios relacionados con la salud.
El Dr. Castro explica que las propuestas tienen como objetivo establecer una nueva normativa estatal que regule la publicidad sanitaria y proteja a los pacientes y consumidores. Y espera que todos los grupos parlamentarios sigan trabajando de forma conjunta hasta conseguir la aprobación de una ley de publicidad sanitaria que vele por la seguridad y la salud de los ciudadanos.
