Tal y como afirman desde la organización colegial, la crisis sanitaria por la COVID-19 ha sacado a la luz muchos de los problemas de determinadas mercantiles dedicadas a la salud bucodental que han dejado a miles de pacientes y empleados afectados.
El Consejo General de Dentistas, que viene reclamando desde hace años un mayor control sobre este tipo de empresas, ha comunicado que la web de información Merca2 ha hecho pública la actual situación a la que se enfrenta la cadena de clínicas Vivanta, controlada por el fondo de capital riesgo Portobello, con 2.240 personas empleadas y 224 clínicas. Según dicho portal, la mercantil estaría en la cuerda floja y a la espera de juicio por las presuntas “prácticas fraudulentas” de dicho fondo.
El Consejo General de Dentistas pone de manifiesto su gran preocupación ante la alarmante situación que sufren empresas de este sector derivadas de una falta de control por parte de las Administraciones. “Muchas de estas mercantiles han dejado a miles de sus pacientes con sus tratamientos inacabados y abonados, lo que puede afectar gravemente a su salud, así como a sus trabajadores en condiciones precarias, en situaciones de ERTEs o EREs, asevera el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino.
«Desde la Organización Colegial venimos reclamando, insistentemente, la modificación de la ley de Sociedades Profesionales, para que sea obligatorio que todas aquellas empresas cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesionales se inscriban en el Registro Mercantil como sociedades profesionales y, por tanto, estén sujetas al control deontológico de los Colegios Profesionales y en manos de dentistas. Se trata de compañías que realizan actividades para cuyo ejercicio se requiere estar en posesión de una titulación universitaria oficial y estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente, quedando sujeta la prestación de estos servicios a los principios éticos y deontológicos de la profesión», explica el Dr. Castro. Y recuerda que la Organización Colegial solo puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las sociedades mercantiles que no están constituidas como sociedades profesionales.
Asimismo, «con una adecuada regulación de la publicidad sanitaria, a través de una ley estatal que garantice el cumplimiento de los principios éticos de la profesión, lograremos una mayor calidad y seguridad de los servicios asistenciales odontológicos, y nos aseguraremos de que los ciudadanos reciben una información veraz, basada en el conocimiento científico», asegura el presidente de la Organización Colegial.
