El Colegio de Dentistas de Córdoba ha informado sobre una condena a un protésico dental por un delito de intrusismo profesional cometido entre los años 2012 y 2015.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Córdoba, el acusado, protésico dental y propietario de una clínica dental en esta ciudad, ofrecía tratamientos odontológicos pese a carecer de la titulación oficial de dentista requerida para ello. Según indica la sentencia: “La titulación del acusado es la de protésico dental, un título de formación profesional de segundo grado cuya diferencia en cuanto a los actos que puede realizar en relación con la profesión de odontólogo o estomatólogo se encuentra delimitada exhaustivamente en la ley 10/86 sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental”.
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 cuando el acusado intervino a un paciente ajustándole 5 implantes, previamente colocados por un dentista titulado miembro de dicha clínica. Asimismo, le tomó medidas para la confección de una prótesis que posteriormente adaptó y colocó al paciente. Dos años después, el paciente volvió a la clínica tras la rotura de la prótesis, siendo de nuevo atendido por el acusado que le retiró la prótesis y volvió a colocarle la que llevaba antes de los citados implantes. Todas estas actuaciones, llevadas a cabo por el acusado, están reservadas exclusivamente a los dentistas.
El juez ha condenado al acusado a una pena de doce meses de multa con una cuota diaria de trece euros y con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia del artículo 53 del código Penal, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y costas.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, ha destacado “el gran trabajo que realizan, día a día, todos los Colegios Oficiales y en este caso concreto el Colegio de Dentistas de Córdoba, denunciando los casos de intrusismo profesional para defender el trabajo de los dentistas y proteger la salud de la población”.
De igual forma, reclama que se endurezcan las penas contra este tipo de delitos y solicita que se aplique la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, a través de la cual, las clínicas dentales deben estar en manos de dentistas y los Colegios Profesionales pueden sancionar deontológicamente a aquellas personas o compañías que lleven a cabo actividades para las que se requiere la colegiación obligatoria.
