La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra el Consejo General de Dentistas y el Colegio de Dentistas de Madrid, por observarse indicios de «posibles prácticas anticompetitivas». El origen de esta actuación son las denuncias presentadas por Dentix e iDental en 2015 y 2017.
La CNMC concluye en este expediente sancionador que pueden existir indicios de «prácticas anticompetitivas, consistentes en una actuación coordinada a través de acuerdos colegiales, campañas publicitarias y otras actuaciones, constitutiva de una recomendación colectiva». Asimismo, añade que el objetivo «habría sido dificultar la prestación de servicios a las clínicas de Odontología de marca comercial y excluirlas del mercado».
Ante esta decisión de la CNMC, el Consejo General de Dentistas ha emitido una nota en la que asegura que «en nuestra querella a iDental denunciamos que dicha compañía había incurrido presuntamente en un delito del artículo 282 del Código Penal respecto a la publicidad falsa de servicios o productos, por realizar alegaciones falsas o manifestar características inciertas sobre los mismos». Además, señalan que podían «causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, de lo que sería responsable la mercantil querellada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis del mismo texto».
En declaraciones a Gaceta Dental, el presidente de la Organización Colegial, el Dr. Óscar Castro asegura que «estamos estudiando el caso y emprenderemos todas las acciones legales necesarias, no solo para defendernos, sino para poner las cosas en su sitio». Además, añade que «estamos estupefactos, es algo que nos ha pillado absolutamente por sorpresa, no tiene ningún sentido. Creo que la Justicia prevalecerá y espero que quien utiliza los medios para coartar el libre ejercicio de las funciones del Consejo General y de los Colegios de Dentistas como corporaciones de derecho público, tendrán también que dar cuenta, en su momento, ante la justicia, porque nos sentimos coaccionados y coartados en los cometidos legales que desempeñamos. Quizás nuestros gobernantes deberían de plantearse que tienen que existir órganos de control, pero nunca que coarten».
De hecho, el comunicado del Consejo recuerda que, como corporación de derecho público, tiene asignadas funciones como la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. También, la de perseguir y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de la profesión e informar públicamente de las actuaciones que puedan ser engañosas para la profesión.
Tal y como asegura a este medio el Dr. Castro «nosotros lo único que queremos es que el ejercicio profesional se haga adecuadamente, según las condiciones de ética y deontología que marca la profesión». Además, y en relación al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), también afectado por la medida anunciada por la CNMC, el presidente del Consejo General afirma que «el COEM es el Consejo y el Consejo es el COEM. Sin ninguna duda estamos en el mismo barco y remamos en igual sentido. La respuesta será unánime y unificada por parte de las dos entidades».
«Es realmente sorprendente que la CNMC tenga en consideración una denuncia presentada por iDental, cuando la Audiencia Nacional ha asumido la investigación del caso». Desde el Consejo hacen hincapié en que los fundadores de la cadena de clínicas «se les imputan delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, publicidad engañosa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales».
Un año del cierre de iDental
Precisamente el 14 de junio se ha cumplido un año del escándalo sanitario de iDental. miles de personas en toda España han resultado gravemente afectadas por las actuaciones que se llevaban a cabo en estos centros, tanto en su salud bucodental como en su economía.
Por último, el Consejo General de Dentistas aclara que siempre ha afirmado que no está en contra de ningún modelo de negocio. «Simplemente vela por una Odontología ética y de calidad, y donde el principal objetivo sea la salud de los pacientes, tal y como tenemos encomendado por el Ordenamiento Jurídico».
