iDental
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Las clínicas cerraron repentinamente, dejando a sus pacientes con los tratamientos sin finalizar a pesar de haberlos pagado. El Consejo General de Dentistas pide a las autoridades competentes que se regule la publicidad sanitaria y se aplique la Ley de Sociedades para evitar situaciones de este tipo.

Este viernes, 14 de junio se cumple un año del cierre de iDental, un escándalo sanitario sin precedentes en España. Semanas antes, sus clínicas fueron cerrando progresivamente sin dar ninguna explicación a miles de pacientes, que vieron cómo, a pesar de haber pagado sus tratamientos, estos no habían finalizado.

El Consejo General de Dentistas, presidido por el Dr. Óscar Castro, había alertado durante meses a la Administración de las numerosas quejas y reclamaciones que los pacientes de iDental enviaban a los Colegios de Dentistas y que hacía presagiar una gran estafa, tal y como sucedió.

«El objetivo de este tipo de clínicas es captar el máximo número de clientes para, así, aumentar la facturación. No importa ni la ética ni la calidad de los tratamientos, solo los beneficios económicos», explica el Dr. Castro. En el caso de iDental, se valían de la publicidad para llegar a los sectores más desfavorecidos de la población, usando mensajes engañosos como «Dentistas con corazón», «Dentocracia» e incluso «Un millón de euros en subvenciones privadas». Realmente, esas subvenciones no existían, lo que hacían era inflar los precios de los tratamientos para luego aplicar los grandes descuentos. «Por eso insistimos en la necesidad de regular la publicidad sanitaria a nivel nacional, para que ésta sea veraz, comprensible, esté basada en la evidencia científica y no engañe a los ciudadanos», apunta el presidente del Consejo de Dentistas.

La investigación

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó asumir la investigación del escándalo de iDental por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de decenas de miles de afectados por toda España y la compleja estructura societaria y de financiación de la compañía. Además, De la Mata admitió la solicitud del Consejo General de Dentistas para personarse como acusación popular, por lo que tiene acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de manera confidencial.

En octubre de 2018, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a Luis Sans -uno de los cerebros del caso iDental- y a otras nueve personas más relacionadas con esta trama. Los detenidos estaban planeando un entramado parecido a través de una red de clínicas dentales denominada Institutos Odontológicos, que cuenta con 27 centros repartidos por toda España y que fue adquirida por el fondo de inversión Weston Hill en 2017 por 25 millones de euros.

En enero de 2019, se detuvieron a otras 14 personas presuntamente relacionadas con un fraude de 60 millones de euros, entre los que se encontraban dos fundadores de iDental: Antonio Javier García Pellicer -que estaba en Reino Unido- y Vicente Castañer Blasco. A los detenidos se les imputa delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Asimismo, en una pieza separada de la macrocausa, el juez atribuye a 7 de los responsables de la trama un fraude de 23 millones de euros a la Seguridad Social, por lo que irán a juicio.

Los afectados

El magistrado de la Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar las reclamaciones de los créditos vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con iDental. Estas entidades, además, deben eliminar de sus registros de morosos a los damnificados que hayan dejado de pagar sus créditos.

Un año después, miles de afectados siguen arrastrando graves secuelas bucodentales por los tratamientos que les aplicaron o que se quedaron a medias. Piden a la Administración soluciones y que se declare esta situación como «emergencia sanitaria». Por este motivo, este sábado se han organizado varias concentraciones en diferentes ciudades de España.