La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, «ha calentado los ánimos» del sector odontológico con su reciente anuncio de crear la figura del dentista municipal. Un servicio abierto a toda la ciudadanía que ofrecería precios hasta un 40% más económicos.
Tras el anuncio por parte del Ayuntamiento de Barcelona de un servicio de dentista municipal abierto a toda la ciudadanía, que ofrecerá precios hasta un 40% más económicos de los que proporcionan actualmente las clínicas de la capital catalana, con trabajos de endodoncia y obturaciones fundamentalmente, la polémica está servida. Las primeras reacciones no se han hecho esperar y, tanto el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, en declaraciones a Onda Cero, como el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), por medio de un comunicado, han mostrado su firme oposición a la puesta en marcha de dicho servicio, que podría entrar en funcionamiento a mediados del año 2020 y que atendería a cerca de 36.000 personas al año en un solo centro atendido por 23 profesionales.
«Jocosidad u ocurrencia»
«Nos ha sorprendido sobremanera esta jocosidad u ocurrencia con carácter electoral», aseguraba el Dr. Óscar Castro. «Lo que nos llama la atención es que existiendo una Clínica Odontológica Solidaria, donde no se cobra ni un euro a las personas francamente necesitadas de servicios odontológicos, y que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a ellos en condiciones normales, ¿por qué no dedican ese presupuesto a alquileres sociales, mejora de las vías urbanas, etc., que es lo que tiene que hacer un Ayuntamiento? Parece mentira que la alcaldesa de Barcelona no haya aprendido la lección que nos ha dado iDental, donde hay miles y miles de afectados de ciudadanos catalanes, precisamente por empresas, que sin tener nada que ver con la Odontología, se han puesto a explotarlo».
Haciendo un llamamiento a la sensatez, el Dr. Óscar Castro, que calificaba la medida como «competencia desleal, incluso para la propia Clínica Solidaria del COEC», solicitaba al equipo municipal de Barcelona, luchar por ampliar la cartera de servicios de Salud, «pero no quieran ser empresarios de algo que no les corresponde. No me parece adecuado, ni me creo que esté siendo solidaria con la gente verdaderamente necesitada de atención bucodental», concluía Castro en clara alusión a la alcaldesa de Barcelona.
Firme y total desacuerdo
Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) ha querido poner de manifiesto a través de un comunicado su «firme y total desacuerdo a la actuación que se pretende emprender». En dicho escrito, denuncian que «el Ayuntamiento de Barcelona no haya querido promover la interlocución ni el consenso con los agentes implicados antes de elaborar y hacer pública una iniciativa de esta naturaleza. Esta corporación profesional no ha tenido la oportunidad de poder colaborar, dar su opinión del sector, o valorar la iniciativa, mientras un equipo municipal ha diseñado y elaborado el proyecto». Además, añaden, «no es cierto que se pueda afirmar que la propuesta de clínica municipal ofrece precios un 40% más económicos, y al mismo tiempo es más que dudoso que se pueda llegar a atender a 36.000 pacientes anuales».
Por todo ello, desde el colegio de dentistas catalán, institución que califica el asunto como «otro caso de publicidad engañosa, esta vez bajo un paraguas municipal», defienden «que hay que velar y centrar los esfuerzos y medios en la consolidación y expansión territorial de este modelo de prestación, bajo los parámetros de la gratuidad y equidad en el acceso, con exclusión de modelos mercantiles o mercantilizantes que, como parece que es el caso, quiere ahora implantar el Ayuntamiento de Barcelona, extendiendo injustificadamente una oferta onerosa de servicio público a toda la ciudadanía».
Finalmente, el COEC reivindica «la urgencia en ampliar la cobertura de los servicios odontológicos en nuestro sistema público de salud, para dar cobijo a las necesidades en salud bucodental de la población – principalmente la más vulnerable socialmente-, y evitar fórmulas como la que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, que pueden confundir a la ciudadanía respecto a sus costes o financiación».
