El Consejo General y los colegios profesionales exigen mayor regulación
Primero fue el cierre de nueve clínicas de Funnydent y, en menos de un mes, la caída de la cúpula de Vitaldent acusada por presunto fraude fiscal. Dos hechos que no pillan por sorpresa ni al Consejo General de Dentistas de España, ni a los Colegios Profesionales, que llevan años alertando sobre las prácticas y políticas del modelo de negocio de las cadenas dentales.
El jueves 28 de enero, las nueve clínicas agrupadas bajo la marca Funnydent amanecieron cerradas. Los principales afectados son más de un millar de pacientes con tratamientos inacabados –con las graves consecuencias para la salud que esto conlleva–, muchos ya pagados mediante un préstamo y ante la obligatoriedad de seguir amortizando las cuotas a una entidad financiera.
Pero no solo los pacientes están pagando las consecuencias de la quiebra de Funnydent, también han sido muy numerosos los trabajadores que se han visto afectados por el cierre de las clínicas –situadas en las localidades madrileñas de Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y en las barcelonesas de Sabadell y Mataró–, algunos de los cuales llevaban desde diciembre sin cobrar la nómina.
Un día después de que saltara la noticia, la juez de Instrucción número 5 de Navalcarnero (Madrid), donde Funnydent tenía las oficinas centrales, ordenaba prisión provisional sin fianza para Cristóbal López Vivar, propietario de la compañía, que fue detenido por un presunto caso de estafa e ingresado en el centro penitenciario de esta localidad madrileña.
Ante estos hechos, el Consejo General de Dentistas reclamó al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas medidas «urgentes» que garanticen la protección de los pacientes y minimicen los perjuicios ocasionados por la quiebra de clínicas dentales. El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo y máximo representante de los dentistas españoles, señaló que «llevamos mucho tiempo reclamando acciones concretas para evitar este tipo de situaciones, y no nos cabe ninguna duda de que, si no se actúa con contundencia, casos como el de Funnydent van a repetirse en un futuro».
Y así fue. Tan solo 20 días después del cierre de las clínicas Funnydent, cayó la cúpula de Vitaldent.
«Operación Topolino»
El 16 de febrero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a diez personas de la directiva de Vitaldent por presunto fraude fiscal a los franquiciados y blanqueo de capitales, en la denominada «Operación Topolino».
Cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad y los otros seis eran enviados a prisión sin fianza.
A partir de este momento, y sumando este caso al de Funnydent, son muchos los representantes de las organizaciones colegiales de dentistas que alzan la voz en contra de este modelo de negocio en el sector dental. «En él es común que prime el interés económico por encima de la salud de los pacientes, y se caracteriza por utilizar campañas de publicidad muy agresivas con la intención de captar el mayor número de clientes –que no pacientes– y lograr que estos financien los tratamientos para percibir un beneficio económico de manera inmediata», destaca el Dr. Óscar Castro, quien reitera que «es absolutamente necesaria la implicación del Gobierno de España en el sector de la Odontología, para lograr un cambio normativo que haga posible que la mayoría del patrimonio social de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales».
Propietarios no profesionales
El Consejo General de Dentistas reclama «una mayor regulación para las cadenas marquistas dentales, y defiende el cumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, según el cual, como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales». De esta forma, «se impediría que empresarios no profesionales del sector dental pudieran tener el control absoluto sobre una clínica o cadena dental, porque cuando un empresario sin vinculación con el sector invierte en él, lo que está buscando es lograr la mayor rentabilidad económica posible en el menor plazo de tiempo, y desde esa perspectiva, los pacientes pasan a ser clientes», resalta el Dr. Castro.
Dado que muchas cadenas están gobernadas por empresarios que no son dentistas, no puede arrojarse la responsabilidad de la finalización de dichos tratamientos a los dentistas colegiados que allí trabajaban, señalan desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM). Su presidente, el Dr. Antonio Montero, afirma que «esta es una de las consecuencias de la actual legislación vigente en España, conforme a la cual la apertura de una clínica dental puede ser realizada por cualquier empresa privada o particular ajena a la Odontología. El único requisito necesario es que un dentista colegiado figure como responsable sanitario del centro, sin responsabilidad en el plano económico. Desde el COEM trabajamos con ahínco para que se modifique la ley y situaciones como estas no vuelvan a producirse».
El Colegio de Dentistas de Guipúzcoa, por su parte, también se ha unido a las reclamaciones de un cambio legislativo para que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de empresas corresponda a dentistas, y solicita una nueva normativa de publicidad sanitaria «mucho más exigente y eficaz».
Inducción a la financiación
El presidente del Colegio de Dentistas de Castellón (CODECS), el Dr. Victorino Aparici, alerta del riesgo que puede producirse «a corto y medio plazo por la existencia de clínicas dentales que se guían por exigir el pago por adelantado de los tratamientos, ofreciendo financiación de entidades crediticias ajenas a las propias clínicas. Centros que están proliferando en toda España por el excesivo mercantilismo de la Odontología actual».
En este sentido, desde el Colegio de Castellón recuerdan que esta «táctica comercial peligrosa que aplican algunas clínicas dentales, pone en jaque los derechos de los pacientes». Por ello, la organización levantina ha lanzado una campaña específica para alertar a la población de los riesgos de financiar tratamientos. «Existen centros que inducen al paciente a firmar un contrato de financiación que comporta el pago adelantado del tratamiento. En estos casos los pacientes asumen el riesgo de perder todo el dinero, y lo que es más grave para su salud, no ver concluido el tratamiento en caso de cierre de la clínica».
El presidente del Consejo General de Dentistas, por su parte, defiende que, en el caso de cesar la prestación en un tratamiento previamente financiado, se pueda interrumpir el pago de las cuotas de manera inmediata y condonarse el crédito suscrito. «Esto, por lógica, debería ser así». El Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias, deberían ser conscientes de que esta situación puede volver a repetirse, y por eso reclamamos una serie de medidas concretas para proteger a los pacientes», asegura Óscar Castro.
Para el presidente del Colegio castellonense, la quiebra de las clínicas dentales no es el único riesgo que asumen los pacientes que pagan todo el tratamiento odontológico por adelantado, puesto que «una vez firmado el contrato de financiación, si el paciente está descontento con el resultado de los procedimientos tendrá muchas dificultades para dar marcha atrás». El presidente del CODECS afirma que su postura no es la del rechazo a este tipo de clínicas dentales, sino a las «prácticas radicalmente comerciales que algunas aplican con el objetivo único de ganar dinero, dejando en un segundo plano la salud, porque ello es la muestra del mercantilismo más atroz que existe».
Por eso, el Consejo General insta a la Administración a que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para erradicar los casos de publicidad engañosa y acotar las ofertas en el campo de la salud.
La lucha contra la publicidad engañosa
Los colegios profesionales llevan años realizando numerosas campañas para fomentar una correcta atención bucodental y, en muchos casos, han denunciado directamente las prácticas publicitarias de Vitaldent y Funnydent, por considerarlas agresivas y engañosas.
En noviembre de 2014, el Colegio de Dentistas de la I Región (COEM) denunció a las Clínicas Funnydent ante la Dirección General de Consumo como consecuencia de las irregularidades apreciadas en la publicidad que dicha red estaba realizando y las posibles irregularidades en la garantía que se estaba ofreciendo a sus pacientes. El máximo responsable del COEM, el Dr. Antonio Montero, considera «absolutamente necesario» llevar a cabo una regulación de la publicidad sanitaria, «para que los distintos colegios profesionales sanitarios revisen este tipo de publicidades y así los ciudadanos tengan la certeza de que los anuncios sanitarios cumplen con unos mínimos requisitos de ética y veracidad».
Por otro lado, también en 2014, el que era presidente de la organización nacional de dentistas, el Dr. Alfonso Villa Vigil, calificó la campaña «Haz las paces con el dentista», impulsada por la cadena de franquicias dentales, de «engañosa, denigrante y discriminatoria», lo que le costó una denuncia por parte de Vitaldent, que fue desestimada un año más tarde.
Por aquel entonces, el Consejo General, con el respaldo de todos los Colegios Oficiales de Dentistas de España, solicitó a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), la retirada de una publicidad de la cadena por considerarla engañosa, al dar a entender a los pacientes que «la rehabilitación protésica sobre implantes de carga inmediata se puede realizar en un solo día». Poco después, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid condenó a Vitaldent a retirar dicha campaña.
Ya en 2015, el Consejo General de Dentistas, con el respaldo de todos los Colegios Oficiales de España, solicitó a Vitaldent y a Telecinco que retirasen un spot publicitario protagonizado por Jesús Vázquez, por considerar que se estaba vulnerando el artículo 4.7 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, de publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.
La Asociación de Consumidores en Acción (FACUA) también viene denunciando las acciones de Vitaldent desde hace años, ante la situación de desprotección y desamparo en la que dejan a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo de solución o alternativa ante el incumplimiento de una de sus franquicias. Así, en 2014, emprendió acciones ante el cierre de una franquicia de la marca situada en Córdoba y su consecuente paralización de los tratamientos dentales. Y el pasado septiembre de 2015, denunció nuevamente a la cadena por eludir su responsabilidad con los pacientes que sufren problemas en sus franquicias.
Ahora, la organización de consumidores ha puesto en marcha una plataforma para informar a los pacientes sobre sus derechos, la evolución del caso y cualquier novedad que pueda producirse en sus clínicas.
Desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) también se ha lanzado un mensaje a pacientes y dentistas ante el posible cierre de las clínicas Vitaldent en las islas. Y es que uno de los detenidos en la «Operación Topolino» posee 16 de las 20 clínicas existentes en Canarias –6 en la provincia de Las Palmas y 10 en la de Santa Cruz de Tenerife–. Por ello, el COELP pone a disposición de pacientes y dentistas su Servicio de Defensa e Información del Paciente Odontológico (SIDEPO), un organismo especializado en la mediación y conciliación de las reclamaciones entre pacientes y dentistas colegiados o sus sociedades profesionales, cuando estén adscritas al colegio.
El COELP recuerda que las sociedades de cadenas dentales no están sometidas a los servicios de mediación y conciliación que obligatoriamente tienen que tener los colegios profesionales para atender las reclamaciones de los pacientes con respecto a dentistas o sus sociedades profesionales, ni a su potestad sancionadora, a pesar de realizar la misma actividad profesional.
Más denuncias contra Vitaldent
En la Comunidad Valenciana, Vitaldent fue sancionada en 2015 con más de 160.000 euros por tener en situación irregular a 13 empleados que estaban contratados como autónomos cuando tenían que estar en régimen general. Esto pasó en un centro de Xàtiva, «que estaba gestionado directamente por la cadena al no ser una clínica franquiciada», aseguran desde el Colegio de Dentistas de Valencia (ICOEV), que está personado como parte en esta causa, en la que también se está investigando un presunto caso de intrusismo profesional.
La organización colegial valenciana también apunta a posibles irregularidades laborales en otra clínica valenciana de Vitaldent, en Mislata, donde hay diligencias abiertas por Inspección de Trabajo. Según ha señalado el ICOEV, el dueño de la compañía, Ernesto Colman, debía comparecer la misma semana de su detención en el juzgado de Majadahonda para aclarar los hechos sucedidos en Mislata, «pero los acontecimientos desarrollados han cambiado el guión». «Esta situación –señalan desde el ICOEV–, pone de manifiesto la necesidad de regular los modelos de negocio mercantiles en la Odontología, porque los perjudicados acaban siendo los propios pacientes».
Llueve sobre mojado
Sevilla también tuvo su propio «caso Funnydent» en el año 2009, cuando la red de clínicas Dental Line cerró 70 consultas dentales repartidas por toda España que dejaron «a unos 1.700 pacientes sin tratamiento», como ha recordado el presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla, el Dr. Luis Cáceres, quien además informa que el 62% de las reclamaciones o quejas interpuestas durante 2015 en la Comisión de Ética, Deontología y Mediación del Colegio de Dentistas de Sevilla correspondieron a clínicas franquiciadas. También en Sevilla, a finales de 2015, se formó un gran revuelo por el cierre inesperado de una de las clínicas de la cadena de franquicias Caredent, que dejó a decenas de pacientes con tratamientos a medias. Sin embargo, en este caso, el director de la cadena dental, el doctor Luis Cañadas, sí dio respuesta a los pacientes afectados a través de otras consultas de la misma marca que asumieron el coste de los tratamientos.
El caso de Funnydent también tiene su fiel reflejo en Valencia, donde diversos cierres de clínicas y cadenas odontológicas han dejado sin tratamiento a unos 500 pacientes durante los últimos tres años. Según el presidente del Colegio de Dentistas valenciano, el Dr. Enrique Llobell, las clínicas que de la noche a la mañana cerraron sus puertas son Clinikdent, Dientes, Portus Dental, Boca y Vegamar. Junto a los pacientes abandonados, muchos de ellos sujetos a financiación, el ICOEV señala que los cierres de estas clínicas también han dejado atrapados con impago de honorarios, al menos, a seis odontólogos colegiados.
El doctor Llobell critica abiertamente la presencia de «empresarios ajenos al sector que persiguen un beneficio económico a corto plazo» y se suma así a las peticiones de sus colegas de profesión, exigiendo a las autoridades una mayor regulación para garantizar los derechos de los pacientes y de los empleados.
Para el presidente del Consejo General, el Dr. Óscar Castro, la Administración debe entender que casos como el de Funnydent volverán a llenar las páginas de la prensa si no se toman las medidas oportunas. «Estos modelos de negocio, que han perjudicado a miles de personas, ya han quebrado en el pasado y no me cabe ninguna duda de que, si no se actúa, volveremos a encontrarnos con casos similares en el futuro», señala el representante de los dentistas españoles.
El dueño de Funnydent, detenido por presunto delito de estafa
Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funnydent, está acusado de participación en un presunto delito de estafa. El investigado ha ingresado en el centro penitenciario Madrid IV, donde se encuentra en prisión provisional ante el posible riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación o de reiteración delictiva. Así se desprende del auto redactado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero, que también señala que, «a pesar de los beneficios que, al parecer, ofrecía el negocio, tal y como ha reconocido el propio investigado de aproximadamente un millón y medio de euros al mes, derivó en el impago de los trabajadores».
Además, «a sabiendas de las dificultades económicas por las que atravesaba su negocio ya en el verano pasado, siguió con su actividad acogiendo a más pacientes y ofreciendo la posibilidad de financiar los tratamientos odontológicos mediante crédito». En el informe, la juez continúa afirmando que «sin previo aviso a trabajadores ni pacientes» procedió a cerrar todas las clínicas el pasado 28 de enero, «lo que ha supuesto para cientos de personas la imposibilidad de culminar sus tratamientos, estando abonados ya, bien en metálico o bien a través de la financiación».
Ernesto Colman y otros cinco directivos de Vitaldent, en prisión
La titular del Juzgado número 2 de Majadahonda ha enviado a prisión sin fianza al presidente de Vitaldent y a otros cinco directivos acusados todos ellos de ser «autores o cooperadores» de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, delito contable y organización criminal. El resto de los detenidos inicialmente quedaron en libertad.
El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), recogido del auto del caso, revela que el dueño de Vitaldent recaudaba al año 17,5 millones de euros en negro provenientes del canon (impuesto revolucionario), que recibía en metálico por parte de algunas clínicas «de confianza».
Según las investigaciones, la trama cuenta con activos y propiedades en España, Holanda, Suiza, Luxemburgo, Portugal, Italia, Estados Unidos, Polonia, Argentina y Uruguay.
La magistrada recoge en su informe que se llevaron a cabo escuchas telefónicas de los dirigentes de Vitaldent, las cuales confirmaron que se cobraba en B a algunas clínicas importes de entre 10.000 y 20.000 euros al mes, que eran opacos a Hacienda. Posteriormente, Colman y su entorno de mayor confianza ingresaban estas cantidades en las cuentas situadas en el extranjero. Fueron varias las franquicias de Vitaldent que denunciaron esta situación de ilegalidad, que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción lleva investigando desde 2013.
Vitaldent rompe su silencio
Vitaldent ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a sus pacientes y franquiciados, a través de su blog. En el comunicado, la compañía afirma que «nuestras clínicas continúan funcionando con normalidad y todos nuestros pacientes están siendo atendidos. Nuestra prioridad es, y siempre ha sido, nuestros pacientes, a quienes queremos manifestar nuestro absoluto compromiso con un servicio de calidad en todos nuestros tratamientos para su salud».
Respecto a la investigación judicial, el comunicado de Vitaldent indica que «no guarda relación con nuestra actividad diaria, que seguirá prestándose con los criterios de calidad al cliente que nos caracterizan. En este momento, estamos trabajando para poder atender, de la mejor forma, las necesidades de nuestros pacientes y continuaremos de la misma forma durante todo el tiempo que dure la investigación judicial».
El COEM se persona como acusación particular
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) anunció que se personará como acusación particular en el caso Funnydent, en defensa de los pacientes y para velar por los intereses generales de la profesión odontológica. En la rueda de prensa que organizó el Colegio madrileño participaron el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM; el Dr. Álvaro Navajas, dentista afectado por el cierre de las clínicas Funnydent, y Oliva López, una paciente que expuso su caso personal.
El Dr. Antonio Montero confirmó la intención del colegio de emprender una serie de acciones cuyo principal objetivo es velar por la salud bucodental de los pacientes y defender a la profesión: «Hemos iniciado las diligencias para presentarnos como acusación particular en el caso. Por otro lado, también nos hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad para colaborar y tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias que este caso está generando, así como evitar que se pueda repetir en el futuro».
Reunión con los portavoces de Sanidad del Congreso
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino, solicitará una reunión con los responsables de Sanidad de los diferentes Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados para trasladarles la «imperiosa necesidad» de impulsar los cambios legislativos oportunos para regular el modelo de franquicias dentales.
La organización colegial lleva años reclamando una serie de cambios normativos para aliviar la burbuja dental que ha crecido exponencialmente en España en los últimos tiempos. Entre las acciones más urgentes, reclama que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, y así vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional. «Permitir que empresarios sin escrúpulos y totalmente ajenos a la Odontología inviertan en el sector dental para ganar dinero casi sin ningún tipo de control es una barbaridad que no pasa en otros países donde sí hay una legislación muy clara al respecto», ha apostillado Castro, quien ha vuelto a insistir en que con esta medida se garantizaría una mejor atención a los pacientes y se salvaguardarían los derechos de los profesionales: «El Consejo siempre defenderá que la atención bucodental sea la mejor posible, y esto también se consigue protegiendo a todos los profesionales de la Odontología para que sean ellos quienes tengan el control de las clínicas donde ejercen, porque nuestra organización defiende a todos sus colegiados».
Además reclama el establecimiento de una Ley Marco que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional y el establecimiento de los númerus clausus en las facultades de Odontología. Castro solicita la implicación de los grupos parlamentarios y del próximo Gobierno de España «con el fin de garantizar una Odontología de calidad para los ciudadanos».
