Los casos fueron denunciados por el Colegio de Dentistas de Valencia
Dos juzgados de Valencia y otro de la localidad de Mislata han condenado por intrusismo profesional a tres falsos odontólogos que trataban a pacientes en varios locales de las citadas poblaciones sin tener la titulación necesaria.
El primer caso fue descubierto en la calle Escalante del barrio de El Cabanyal de Valencia. En este punto, una técnico dental, Dolores C. C., fue descubierta mientras examinaba bocas y prescribía tratamientos en un taller sin tener el título de Odontología, por lo que fue condenada por el Juzgado nº 6 de la Comunidad por un delito de intrusismo contemplado en el artículo 403.1 del Código Penal.
El segundo falso dentista, condenado por el Juzgado nº 16 de Valencia, operaba en un laboratorio dental ubicado en la avenida Pérez Galdós de la capital. En este caso, Javier M. M., protésico dental de profesión, atendía a pacientes en el citado local.
Finalmente, la tercera condena, impuesta por el Juzgado nº 2 de Mislata, recayó sobre Paulo Andrés V. T., quien también cometió un delito de intrusismo en circunstancias similares a los anteriores encausados. En este caso en un taller ubicado en la calle San Antonio de esta población.
Las sentencias penales comunicadas individualmente por los respectivos juzgados en los últimos cinco meses se han materializado en penas de multas económicas que ascienden a 1.260, 600 y 480 euros, respectivamente.
El papel del ICOEV
Estas situaciones delictivas fueron descubiertas y denunciadas por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) que puso en conocimiento de los tribunales los casos de intrusismo profesional con las pertinentes querellas.
En todos los casos se trata de sentencias de carácter penal dado que, según recuerda el presidente del Colegio de Dentistas de Valencia, el Dr. Enrique Llobell, el intrusismo profesional es un delito tipificado en el Código Penal, por lo que «cualquier intruso que manipule la boca de un paciente sin estar titulado para ello se expone a una sentencia penal y sus consecuencias».
Tras el descubrimiento y la condena de estos casos de intrusismo sanitario, el doctor Llobell recomienda a la ciudadanía corroborar que el profesional que presta la atención bucodental es un dentista colegiado dado que lo contrario, además de ser delito, implica un serio riesgo para la salud.
