Con el objetivo de sensibilizar a los profesionales sanitarios de la importancia de una buena adherencia terapéutica, difundir información para que se investigue en este campo y establecer estrategias que mejoren el cumplimiento terapéutico, la Fundación Salud 2000 acaba de publicar el informe «La Implicación de los profesionales sanitarios, Administración y compañías farmacéuticas en la mejora de la adherencia terapéutica», donde se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el uso racional de los medicamentos.
Según José Manuel Ribera Casado, presidente del Observatorio para la Adherencia Terapéutica (OAT), hay múltiples razones que sostienen la necesidad de conseguir una correcta adherencia, como puede ser la perspectiva económica, pero «las que más peso adquieren son la mejora en términos de salud y de calidad de vida para el paciente».
Se estima que un tercio de los enfermos no utiliza la medicación como se le prescribió, otro solo lo hace a veces y el restante es el que la toma de forma adecuada. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que la adherencia al tratamiento a largo plazo se sitúa en torno al 50% en los países desarrollados. A estos datos, se suman los del estudio de la consultora IMS Health que destaca que el mal uso de los fármacos provoca aproximadamente un 8% del gasto sanitario en el mundo y, de esa cifra, el 57% se corresponde a problemas de no adherencia.
La Fundación considera que la Administración sanitaria tiene que tomar conciencia de la importancia de medir la adherencia a los tratamientos y favorecer el cumplimiento terapéutico, objetivo para el que es fundamental la colaboración entre los distintos profesionales sanitarios.
Asimismo, según esta institución, en la mejora de la adherencia terapéutica deben estar implicadas las compañías farmacéuticas, las cuales pueden contribuir a reducir los problemas de adherencia facilitando, junto con sus fármacos, sistemas de apoyo y medición del cumplimiento, que deben ser valorados por las comisiones de farmacia de los hospitales y por la Administración pública cuando se planifique el arsenal farmacológico.
