El Dr. Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Dentistas de España, y Artemio de Santiago, presidente del Consejo de Protésicos de España, ofrecen a GACETA DENTAL su punto de vista acerca de la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que se imponen multas de 150.000 y 200.000 euros a la primera de estas organizaciones colegiales.
«Estoy indignado» ante la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia de multar al Consejo de Dentistas «porque es absolutamente injusta, una auténtica barbaridad jurídica y fáctica sin fundamento que solo demuestra el desconocimiento de este sector por parte de la CNC», ha manifestado a GACETA DENTAL el presidente de la Organización Colegial, Alfonso Villa Vigil.
«Como en toda relación que se da en el ámbito privado, la que hay entre dentista autónomo, trabajador por cuenta propia (o en una clínica privada) y el paciente está basada en el acuerdo de ambos y, por lo tanto, el dentista (o la clínica) está en su derecho de rechazar imposiciones, vengan de quien vengan; así lo dice expresamente el artículo 5.d) de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Y en este sentido, desde el Consejo, hemos informado, informamos y seguiremos informando a nuestros colegiados de sus derechos pese a las coacciones de la CNC o del sursum corda», ha explicado el doctor Villa Vigil sobre la afirmación de Competencia de que ha existido dede el Consejo una coordinación del comportamiento de los odontólogos para imponer a los pacientes el protésico de su elección.
«Puestos a recopilar insensateces –dice el Dr. Villa Vigil–, la CNC cita el artículo 10.13 de la Ley 14/1986 General de Sanidad para comparar la posibilidad de elección por los pacientes de los titulados sanitarios (los protésicos lo son), omitiendo «casualmente» que dicho artículo se aplica al ámbito público, no al privado, que, con un ligero barniz de derecho y de neutralidad, se sabe que se rige por el Código Civil».
La segunda parte de la resolución de Competencia, por la que se impone una multa de 150.000 euros, hace referencia al estudio encargado por el Consejo para «recomendar honorarios orientativos» a los dentistas, aspecto que Villa Vigil rechaza con el siguiente argumento: «Desde el Consejo se encargó un estudio de mercado en el año 2008, cuando no sólo estaba permitido sino que era recomendado desde la Unión Europea, y se abandonó cuando en diciembre de 2009 entró en vigor la normativa para eliminar los honorarios orientativos en los colegios. Si Áliad publicó este estudio es porque en ese momento le interesó a la empresa que lo hizo», asegura el presidente del Consejo de Dentistas. «Pero es que me critican hasta que fuese a la presentación del estudio y solo faltaría que no pudiera asistir a cualquier acto público que me dé la gana. ¿Pero qué se creen?».
Villa Vigil está convencido de que «ningún tribunal de justicia puede admitir la resolución de estos indocumentados de la Competencia y llegaré hasta las últimas consecuencias» y ha asegurado a GACETA DENTAL que «después de esto me voy a meter en política porque estoy harto de intento de abusos y coacción contrarios a derecho».
