El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) dio a conocer el pasado 1 de diciembre, en rueda de prensa, la querella criminal que ha presentado en los juzgados
de Barcelona el 27 de noviembre contra los responsables de la cadena de clínicas Dental Line por estafa, lesiones y vulneración del derecho de intimidad. Para presentar esta querella, el departamento jurídico de la entidad colegial ha recogido las demandas de 240 pacientes.
El cierre de la cadena de clínicas Dental Line, con más de 60 clínicas en toda España, (cuatro de ellas en Barcelona, una en Santa Coloma, otra en El Prat y la séptima en Tarragona), ha perjudicado a casi 500 personas, de bajos ingresos, quecon tratamientos sin terminar, así como a 40 profesionales que se han quedado sin trabajo. Estos pacientes han pagado sus tratamientos por adelantado o bien se han comprometido con créditos.
Además, tal como comentó el presidente del COEC , doctor Luis Navarro Majó, tampoco disponen de su historial médico, que ha quedado en los centros cerrados, de manera que resulta imposible que otro odontólogo pueda terminar el tratamiento que necesitan. Por esta razón, el COEC demanda, como medida cautelar, que los pacientes puedan recuperar sus historiales odontológicos.
El Colegio de Cataluña lleva años denunciando el peligro que representa para la salud pública este tipo de odontología donde, a diferencia de los dentistas convencionales, se produce el fenómeno de la intermediación. Es decir, entre el profesional y el paciente aparece un tercero que condiciona la práctica de los tratamientos. “Normalmente, los dentistas nos regimos por principios de ética médica, diferentes de los principios puramente empresariales de maximización del beneficio”.
“Entendemos que la ética comercial debe matizarse cuando el bien que se dispensa es la salud, y no un producto confeccionado u otro tipo de bienes de consumo. Nuestra ética profesional impone el beneficio del paciente por encima de cualquier otra consideración. En este caso, mercantilista”.
Los afectados se han dirigido al COEC pidiendo ayuda, la entidad colegial, a su vez, ha contactado con la asociación de consumidores CUS y con l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat, instituciones a las que algunos afectados se habían dirigido. Con ambas se ha acordado una estrategia de apoyo que contemple todas las actuaciones que se pueden realizar para afrontar el problema.
Por un lado se ha interpuesto una querella criminal contra los responsables de dicha cadena de clínicas por los delitos de estafa, de lesiones y contra la intimidad de los datos informáticos.
En cuanto al problema económico que padecen los pacientes, entre la CUS y l’Agència Catalana de Consum se intentará la mediación con las entidades financieras que soportan los créditos concedidos para lograr la suspensión de los pagos, entendiendo que estos créditos están ligados a un servicio que no ha sido proporcionado. En caso de que esta mediación no resulte satisfactoria, se estudiarán otro tipo de acciones en el mismo sentido.
El COEC entiende que el núcleo de esta situación se debe a la interposición de un tercero entre el paciente y el dentista que realiza el trabajo. La misma situación cuando no hay intermediario tiene solución sencilla, puesto que en general es perfectamente razonable y factible que quien ha cobrado un tratamiento se haga cargo de su terminación. En este caso, el paciente ya ha pagado y quien debiera atenderle no ha obrado. Entre las deudas de Dental Line están los salarios debidos a sus profesionales.
“Nuestro Colegio está comprometido en prestar a los afectados toda la ayuda que esté en nuestras manos. Estamos alarmados y escandalizados por este tipo de comportamientos que entendemos vulneran con efectos dramáticos la mas elemental ética que debe regir en el ejercicio de nuestra profesión”.
