La Ley de Sociedades Profesionales, el debate acerca de las especialidades, los planes de atención bucodental infantil, la siempre presente lucha contra el intrusismo, la plétora profesional y la necesidad de poner freno a la indiscriminada creación de facultades de Odontología, pese a ser ésta una profesión en la que existe ya paro técnico.
De estos temas, y alguno más, hemos conversado con el presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, el doctor M. Alfonso Villa Vigil al cumplirse un año desde su reelección.
Pregunta. Acaba de cumplirse un año desde su reelección como presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas. ¿Cuál es su balance de estos primeros doce meses?
Respuesta. El balance de este primer año es positivo, porque se ha cumplido casi escrupulosamente lo programado hasta ahora dentro de los plazos previstos.
Hay algún apartado en el que hemos adelantado y algún otro que va ligeramente retrasado por causas ajenas a nuestra voluntad. Aun así, todos los aspectos están debidamente encauzados. Puedo citar, por ejemplo, la encuesta a los colegiados, que ya se realizó pero a día de hoy todavía no se han recibido las suficientes contestaciones en la primera oleada (como era previsible). Por ello, habrá que hacer un segundo envío, que, lógicamente, va retrasar la obtención de resultados.
En cambio, un tema que estaba previsto para el año próximo: el estudio epidemiológico de los niños de tres y cuatro años, ya está terminado y a punto de presentarse las conclusiones.
Por lo tanto, en conjunto, creo que se han cumplido nuestras previsiones, a pesar de que algunos compañeros las consideraban demasiado optimistas.
P. Entre las líneas de trabajo prioritarias que se planteó su comité ejecutivo para 2007, había dos temas básicos: uno de ellos era la tan esperada Ley de Sociedades Profesionales, ya en vigor. ¿Cuáles son los beneficios fundamentales para la profesión que se derivan de esta Ley? ¿Realmente se va a lograr su cumplimiento o existen lagunas que posibilitan el que algunos profesionales puedan sortearla?
R. La Ley de Sociedades Profesionales nos pareció, desde el principio, un gran instrumento para combatir a aquellas clínicas que, por no ser propiedad de profesionales con vocación sanitaria, sino de empresarios con el único objetivo de obtener beneficio económico, empleaban medios como la utilización de publicidad equívoca o engañosa, instauraban criterios de atención al paciente que distaban mucho de ser los ideales, restringían el derecho del dentista a la libre prescripción y, por poner un ejemplo, le obligaban a trabajar con determinadas marcas de implantes o ciertos laboratorios de prótesis.
En ese sentido, albergábamos esperanzas, aunque también alguna duda de que se pudiera aplicar para poner coto a estos excesos.
Debo reconocer que la Ley se ha llevado a cabo por mejor sendero que las más optimistas expectativas que yo planteaba al principio. Me explico: cuando se empezó a desarrollar, partía de exigencias importantes a los socios, como el que un gran porcentaje de ellos tenían que ser profesionales (el 75 por ciento). A mí me pareció muy difícil que prosperase tal requisito en una época como la actual, de globalización y libre competencia, pero, para mi sorpresa, al final de la primera fase de tramitación de la ley en el Congreso este punto se aprobó por unanimidad. Impulsados por ese logro, nos planteamos un reto todavía mayor: propusimos y conseguimos que se aprobara en el Senado una enmienda según la cual la principal laguna que encontrábamos en la Ley de Sociedades Profesionales quedaría también solventada. Me refiero a que, para ser socio mayoritario de estas sociedades, hay que ser profesional; pero no se dice nada de aquellas empresas que son propiedad de un empresario individual, por ejemplo, una clínica donde el dueño es una persona no dentista. Esto vulnera el espíritu de la ley, que consiste en proporcionar a los ciudadanos la misma protección cuando son atendidos por una sociedad que cuando les atiende un profesional.
Aunque conseguimos su aprobación en el Senado, cuando la ley volvió al Congreso esa enmienda cayó.
Resumiendo, el texto de la ley me parece esperanzador, en el sentido de que creo que, aplicándolo de manera literal, todas las clínicas que son propiedad de personas no dentistas mayoritariamente tendrán que tranformarse o cerrarse. Y como son esas empresas —con salvedades— las que están introduciendo ideas de obligación de resultados, promesas que luego no se cumplen, publicidades engañosas, etcétera, me parece muy adecuado que ahora tengan que ceñirse a una legislación que las somete al control ético de los Colegios.
La parte más débil de la ley es que, al parecer, los registradores mercantiles no están por la labor de actuar de oficio y obligar a convertirse a todas las sociedades existentes. He mantenido una entrevista con un registrador mercantil —aparte de que conozco la bibliografía que manejan—, y me he dado cuenta de que ellos están dándole a la Ley una interpretación distinta que, en mi opinión, es equivocada; y sospecho que acabaremos en los tribunales, porque mi planteamiento personal (y espero que sea también el del Consejo General) es empezar a denunciar a todas aquellas sociedades que posean las particularidades de sociedad profesional y que no estén cumpliendo los requerimientos que exige la ley: conversión en sociedad profesional e inscripción y sometimiento disciplinario en los Colegios.
P. El otro gran reto tiene que ver con la desmesurada cantidad de licenciados en Odontología que cada año salen de las universidades españolas.
R. Eso es muy difícil de arreglar, y tenemos que ser conscientes de que el margen de actuación de los colegios con respecto a la plétora es muy escaso. Ni tenemos potestad para establecer un numerus clausus ni depende de nosotros la creación de nuevas facultades. Se están abriendo nuevos centros en contra de nuestro criterio de una forma alarmante. Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza ha creado una facultad de Odontología en Huesca, donde no hay suficiente volumen de pacientes para poder realizar prácticas clínicas, porque harían falta al menos 150.000 habitantes y Huesca dista mucho de tener esta población.
Siguen proliferando las facultades de Odontología: en Valencia ya hay tres. Me parece una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de la comunidad valenciana el que haya autorizado la creación de una tercera facultad. Es un hecho grave que las autoridades no acaben de comprender que los odontólogos son unos profesionales muy cualificados pero que no son reconvertibles. Por lo tanto, vamos a crear muchas frustraciones, pues en este momento hay ya paro técnico. Esto es algo que la ciudadanía desconoce y las administraciones parece que no quieren comprenderlo. El hecho de estar formando tantos dentistas, con el coste tan grande que tiene, no sólo para la familia sino también para el Estado, y que esos profesionales luego no puedan ejercer, resulta bastante irracional.
Soy consciente de que estamos en un libre mercado, pero un libre mercado tiene que funcionar también con cierta lógica. Tenemos falta de otro tipo de profesionales, como anestesistas o médicos; se puede potenciar la creación de facultades de Medicina o de otras carreras donde hay déficit de titulados.
Retomando lo que decía al principio: no tenemos margen de actuación en el numerus clausus ni en la creación de nuevas facultades, tampoco podemos limitar la libre circulación de profesionales comunitarios, ni frenar la inmigración masiva que va a llegar a España de ciudadanos comunitarios centroeuropeos. Yo auguré hace tiempo que llegarían entre 5.000 y 10.000 dentistas durante los próximos años, porque, aunque en España hay saturación de dentistas, estamos hablando de países que hasta hace poco tiempo tenían una odontología pública basada en criterios preventivos y por lo tanto tenían muchos dentistas que estaban cubiertos y financiados por el sistema público. Al liberalizarse el mercado, estas personas se han quedado sin trabajo y allí el mercado todavía está más saturado que aquí, por lo cual es de prever que se produzca una inmigración. Además, hablamos de personas que tienen una facilidad especial para los idiomas, con lo cual no existe una barrera idiomática.
También tenemos un compromiso con terceros países, con una homologación de títulos que no acabamos de ver clara. De hecho, hace tiempo que no se nos proporciona información sobre lo que está ocurriendo con los exámenes de las famosas pruebas de conjunto, donde supuestamente se le da el visto bueno a la formación de profesionales extracomunitarios para trabajar no sólo en España sino en toda la Europa Comunitaria.
P. Como solución, usted abogaba por una formación práctica postgraduada obligatoria. ¿Qué posibilidades hay de conseguirlo?
R. Yo diseñé, hace tiempo, y la propuse al pleno del Consejo, una estrategia para tratar de conseguir indirectamente un numerus clausus. La estrategia requería actuar en varios frentes, todos difíciles: necesitaba una coordinación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad, y aquiescencia de las Comunidades Autónomas. En líneas generales se trataba de hacer de la Odontología, algo similar a lo que se ha hecho con la Medicina de Familia. Hace unos años, por disposición comunitaria, se ha establecido que para ejercer la medicina pública se exigiría tener un título de especialista de medicina de familia en España; es decir una formación de postgrado, posterior al título de licenciado en Medicina.
Mi propuesta consiste en que todos los licenciados en Odontología, para ejercer libremente, tuvieran que pasar por un periodo de ejercicio práctico tutelado en centros acreditados (más adelante podríamos debatir quién tendría que acreditarlos, yo entiendo que deberían ser las comisiones nacionales de las especialidades) y eso haría que se creara un título de odontólogo de atención primaria, odontólogo de familia o pasantía (si queremos asemejarlo al caso de los abogados), con lo que el odontólogo recién licenciado en la facultad no estaría autorizado para ejercer libremente en tanto en cuanto no hubiera realizado esa formación práctica clínica en odontología de atención primaria o de familia.
Esta propuesta tiene un problema y es que el título comunitario faculta que al final del ciclo universitario de cinco años se pueda ejercer. Entonces, si en España exigiéramos un requisito más, estaríamos generando un agravio entre los profesionales españoles y los extranjeros. Pero yo no lo encuentro grave, porque algunos países, como Portugal y Francia ya tienen una carrera de seis años, luego ese agravio ya existe en dichos países, porque un licenciado alemán o español, con una carrera de cinco años, puede ejercer en Francia o Portugal, y de momento allí no ha pasado nada.
Pienso que esa formación práctica, postgraduada, puede prestigiar a los españoles y mejorar la calidad de las prestaciones, de forma que aunque no fuera obligatoria legalmente no tardaría en ser una necesidad de hecho.
P. ¿Dónde se realizaría esa formación?
R. Si hablamos del odontólogo de atención primaria, su formación se podría llevar a cabo en dos lugares, principalmente: en centros privados (lo cual originaría una lucha para ver a cuáles se les da esa facultad) y en centros públicos, como las facultades y los centros sanitarios. Yo me he pronunciado en contra de que sean las universidades las que ofrezcan la formación de postgrado, por lo menos de manera autónoma. No me opongo es a que esa formación de postgrado se realice en centros universitarios, sino a que la acrediten las propias universidades y que, además, acrediten a las clínicas que ellos elijan. Creo que la comisión nacional de cada especialidad —si un día se crean especialidades odontológicas— es la que tiene que decidir dónde se debe realizar la especialización, establecer los criterios de acreditación y otorgar las acreditaciones, no las universidades.
La otra posibilidad son los centros públicos de atención primaria; en España son unos 900 y la mayoría no están suficientemente equipados para dar esta formación, pero un estudio sencillo permite predecir que, con una pequeña inversión (menos de 50 millones de euros), 300 de estos centros se podrían aclimatar perfectamente para ofrecer una formación práctica clínica apropiada a 600 odontólogos al año. Esto significa que las facultades no podrían licenciar a más de 600 dentistas al año y equivaldría a imponer un numerus clausus.
La inversión necesaria debería realizarla Sanidad, que obtendría a cambio de esos 600 pasantes, según mis cálculos, unas 1.500 intervenciones dentales anuales de cada uno, 900.000 intervenciones al año (de las cuales muchas serían prótesis, con las que podrían beneficiarse los ancianos y pacientes de dependencia); se aligerarían las listas de espera que existen en los servicios de cirugía maxilofacial y se podrían ampliar las prestaciones a colectivos desfavorecidos, como los discapacitados psíquicos.
Pues bien, a principios de este año, llevamos esta propuesta al Ministerio de Sanidad y éste no mostró el menor interés, pues no había intención, en ese momento, de ampliar el catálogo de prestaciones.
Afortunadamente, el ministro ha planteado ahora un plan de atención dental infantil, y pensé que tal vez podría ser la ocasión de volver a presentar nuestra sugerencia, cosa que hice hace unas semanas al Secretario General de Sanidad, el Dr. Martínez Olmos. Me he encontrado con que querían sacar adelante un plan de atención infantil que le autorizasen las comunidades autónomas, lo que significa no incluir nuevas prestaciones que requirieran nueva financiación, sino ampliar las que ya existían en muchas de estas comunidades.
Yo tengo fama de tozudo y por eso es fácil adivinar que seguiré insistiendo y haciendo la presión necesaria a través de los medios de comunicación y de lo que pueda, a ver si se dan cuenta de que, en estos momentos en que se está modificando la educación para adaptarse al espacio europeo, están dejando pasar una oportunidad histórica para modernizar la Odontología española, que está, en el aspecto público, demasiado desatendida todavía. Repito que se trata de un proyecto muy poco costoso y muy rentable.
P. El anuncio, por parte de la administración española, de que destinarán una parte del presupuesto a las prestaciones bucodentales básicas —todavía por precisar— y la promesa de atención bucodental gratuita para los niños, es una de las noticias más importantes del año.
R. Para mí es muy satisfactorio que el ministro haya abordado, por propia iniciativa y a los pocos días de su toma de posesión, un plan de salud bucodental. Hace muchos años que lo estamos reclamando desde nuestra organización colegial, que está siendo prometido electoralmente y que no se cumple. Si esto lo hubiera hecho la ministra anterior no la hubiéramos creído, lo hubiéramos tachado de una medida puramente electoralista, porque a lo largo de tres años como ministra no nos hizo ningún caso a los dentistas, a pesar de lo que hemos colaborado en diversas acciones y en la Ley Antitabaco. Mi percepción es que ha despreciado a los dentistas, que ha despreciado los dientes.
Pero esta iniciativa proviene de un nuevo ministro que también ha puesto encima de la mesa otras iniciativas muy poco después de su toma de posesión y, por lo tanto, tengo que creer que es una decisión política suya.
Estamos satisfechos con que se lleve a cabo y también con la forma. Nos han recibido, nos han informado. Por supuesto, discrepamos en algún apartado, porque la intención que tiene el Ministerio de introducir las cohortes de dos en dos va a hacer que muchos niños lleguen a consulta con la patología acumulada de un montón de años, y eso no se resuelve pagando más, sino que aumentaría los costes desmesuradamente: si un niño viene por primera vez al dentista a los quince años trae la patología acumulada durante nueve años —aunque pudo tratarla gratuitamente, desde los siete—, y no se puede pretender financiar su coste con la capitación de un año o año y medio, sino que incluso podría no bastar la de los nueve años de abandono, porque la patología atrasada tiene un tratamiento más complejo y costoso que la reciente. Esa pretensión del Ministerio es absolutamente inaceptable, e imposible de atender económicamente. Ahora bien, estamos totalmente a favor de que se haga año a año, no vamos a discutir temas de dinero porque me parece que eso es prosaico, que eso va después, lo importante es que se empiecen a dar de una vez unas prestaciones bucodentales homogéneas en todo el estado. Podemos discrepar en alguna cuestión, por ejemplo si deben entrar o no las endodoncias, pero aunque creemos que es desacertado desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria, hay que admitir plenamente el derecho del poder ejecutivo a incluirlas, máxime cuando muchas comunidades autónomas las tienen incluidas.
En conjunto me parece fantástico, y lo más importante es que no se quede aquí y que poco a poco vayamos abordando nuevas necesidades: tenemos que ampliar desde los quince a los dieciocho años —como ya ha hecho Navarra—, tenemos que incluir a los discapacitados psíquicos, que están abandonados en muchas comunidades; a los ancianos, a la dentición primaria…
P. Algunas personas tienen la impresión de que en muchas de las comunidades autónomas donde se ha querido implantar un plan de salud bucodental infantil, los resultados no han sido tan buenos como se esperaba. ¿Responde esto a la realidad? De ser así, ¿a qué lo atribuye?
R. No es verdad. En primer lugar, un plan o un programa de atención bucodental infantil es todo un proyecto, un modelo, de atención dental a niños con dinero público. Hay algunas personas que identifican eso con el modelo capitativo, por la razón de que el primer PADI que se implantó en España fue el vasco y se hizo con modelo capitativo, es decir aquel en el cual se le paga al dentista una cuantía anual por cada niño para que dé unas determinadas coberturas. Luego fue el navarro, también bajo el modelo capitativo. Entonces se ha identificado PADI con capitación, pero no es eso, es un concepto erróneo; hay programas de atención dental infantil en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Extremadura que no son capitativos.
Todos estos proyectos, en principio, son buenos.
País Vasco, Navarra, Andalucía, Murcia, Baleares y Aragón han instaurado un modelo capitativo y en estas seis comunidades los resultados son desiguales. El modelo vasco fue muy bueno, ha tenido algún altibajo pero básicamente va bien. El año pasado hicimos una encuesta de satisfacción entre los profesionales y la evaluación fue positiva (un aprobado alto); la valoración de los ciudadanos fue también buena, el grado de uso está entre un 60 y un 70 por ciento…
El plan de Navarra es ejemplar, han pactado todas las prestaciones y las han ampliado hasta los dieciocho años. Además, han pactado diferentes precios para las distintas edades, en consonancia con sus diferentes riesgos y patología
Estos dos ejemplos han sido beneficiosos para los dentistas, al crear la costumbre de que los niños vayan al dentista, y han fidelizado también a los familiares de los pacientes.
El caso de Andalucía es considerablemente peor que los otros: primero porque paga bastante menos habiendo más patología, segundo, porque al pactarse se impusieron condiciones absolutamente inaceptables, por ejemplo lo de iniciar las cohortes de dos en dos, o el que el dentista no se pueda negar a atender a un niño que no haya realizado las preceptivas visitas y acude el último año a pedir prestaciones, y tenga que pedirle al delegado de Sanidad que le autorice a rechazarlo… Pero tiene también aspectos buenos, como que se ha contemplado que la capitación se pacta con el dentista y con la clínica,no solo con la clínica; de forma que si el dentista asalariado en el ámbito privado cambia de clínica el niño sigue vinculado a él y no sólo a la clínica donde le atendía originalmente, lo que ayuda a crear la fidelización al profesional.
El modelo murciano es una maravilla, están encantados los profesionales y los pacientes. Se hace la gestión a través del colegio y se han marcado unas reglas del juego correctas. Si un niño está varios años sin acudir al dentista y presenta varias caries, el tratamiento de la primera está cubierto por la capitación del año, pero las demás se pagan aparte, porque los niños que acuden regularmente al dentista no necesitan más de una obturación al año y precisar más por no acudir a las citas de revisión no es una responsabilidad del dentista, que él deba pagar, sino del padre o de la Administración, si la quiere asumir.
El modelo de Baleares está recién implantado (lleva más o menos un año) y por lo tanto todavía no lo podemos evaluar, pero en principio el colegio está contento.
El de Zaragoza también está recién implantado.
En consecuencia, eso de que el modelo capitativo es malo lo dicen unos pocos, pero no es verdad.
Planes de atención dental infantil que se proporciona mediante el modelo seguridad social son los que tenemos, por ejemplo en Castilla y León —donde sólo se atienden los primeros molares, porque la atención se realiza en instalaciones públicas— o en Castilla La Mancha. Extremadura, con una magnífica coherencia, ha apostado por la red pública (que la tiene muy buena); pero, sabiendo que a lo mejor no le alcanza a cubrir toda la demanda, ha admitido la posibilidad de añadirle un sistema capitativo.
La implantación de un sistema mixto resulta perfecta, porque cuando hay provisión pública y privada simultáneamente, los ciudadanos pueden elegir, hay competencia y ello repercute en un aumento de calidad.
Recientemente he recibido una carta de Galicia donde la consejera se sentía aludida por mis declaraciones al respecto de que alguna comunidad tenía que «ponerse las pilas». No me refería solamente a Galicia, que no es la comunidad peor; en estos momentos Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que no están ofreciendo restauraciones, puesto que se dedican sólo a hacer prevención.
No tengo nada contra Galicia, me consta que ha hecho un esfuerzo formidable; pero hay que recordar que la incorporación de las obturaciones o empastes a su plan empezó hace solamente dos años, hasta entonces no se ofrecían. Y sólo incluyen la cara oclusal del primer molar permanente, que tiene otras cuatro superficies, y aún les faltan el segundo molar y los dos premolares en los cuatro cuadrantes; es decir, 12 dientes.
P. En el pleno del Consejo General uno de los temas más debatidos ha sido el de las especialidades odontológicas. ¿Qué conclusiones se alcanzaron en ese debate y cuál es su postura al respecto?
R. En la asamblea general que se celebró en Valencia estaba previsto que se votara si por fin le dábamos un empujón a las especialidades o no, pero yo propuse retirar esa votación y sustituirla por un planteamiento nuevo. El debate acerca de las especialidades es un tema adulterado, porque en función de qué tipo o modelos de especialidades, yo mismo, que tengo una idea bastante clara a favor de las especialidades, podría mostrarme contrario. Si no se define una propuesta de especialidades, entre la infinidad de los posibles, la votación es fatua, porque se puede estar opinando de cosas distintas, incluso contraria. Así, en lugar de votar una pregunta tan inconcreta como “¿deben crearse especialidades odontológicas?”, que es un voto en blanco si no se especifica cuántas, cuáles, cómo, dónde, cuándo, etc., lo que haremos, seguramente en la Asamblea de diciembre, es discutir y decidir sobre una propuesta específica de especialidades, lo que significa que, en caso de aprobarse ese modelo concreto, no se está aprobando cualquier otro. En otras palabras, si dices “sí” a las especialidades pensando en un modelo que te gusta, estás aceptando la implantación de las especialidades aunque luego se nos ofrezcan en un modelo totalmente distinto con el que podríamos estar en desacuerdo. En cambio, si, como proponemos, dices “si” a un cierto modelo específico, no estás dando un sí incondicional a las especialidades, sino que estás negándote implícitamente a aceptar cualquier otro modelo que no se hubiera considerado en la votación.
En la elaboración del modelo que vamos a presentar ha trabajado extraordinariamente bien el doctor Estaban Brau Aguadé. En él se propone una serie requisitos que tenemos muy claro que deberían ser irrenunciables; principalmente: en primer lugar que el acceso a las especialidades sea universal y no restringido solamente a aquellos que tengan dinero. El hecho de que actualmente sólo puedan acceder a la formación de postgrado los dentistas que pueden pagarse un título previo en la universidad donde se imparte ese postgrado (y a veces los apoyos necesarios para conseguir la admisión) genera una discriminación evidente. Además, se da el caso de que muchas de las personas que han podido pagarse esa formación votan ahora en contra de las especialidades (así ha ocurrido en la Comisión de Especialidades del Consejo), seguramente —al menos así cabe sospecharlo— porque no les interesa que existan otros “especialistas” una vez que ellos ya lo son. Nosotros queremos que el modelo de especialización sea plural, para todo el mundo y que no se acceda o restrinja a tenor de la disponibilidad de dinero. En Medicina existe el MIR y yo sé que no es un modelo perfecto, que tampoco es el más justo en cuanto a las admisiones, pero contempla una prueba que es igual para todos los aspirantes, lo que es conocido de antemano, por lo que está claro que —con toda la imperfección que pueda conllevar— es un sistema objetivo, imparcial.
Segunda cuestión: la especialización tiene que hacerse en aquellos centros que sean acreditados por la comisión nacional de la especialidad correspondiente.
Tercera cuestión: tiene que hacerse mediante una formación de residencia, en la cual el residente va paulatinamente adquiriendo responsabilidad y liberándose de tutela.
Y cuarto punto: tiene que ser remunerada, porque se está haciendo un trabajo, se está dando un servicio, que vale un dinero, aunque no sea más que el que correspondiera a un generalista.
Una de las razones por las que yo soy muy crítico con la pretensión, defendida por algunos, de que las especialidades se impartan excluiva o sistemáticamente en de la universidad es porque he visto situaciones que yo me permito calificar —con todos los respetos— de corruptas, como crear, al amparo de la nueva legislación universitaria, títulos máster oficiales (no propios) con validez en todo el estado y exigir como requisito para acceder a ellos el haber cursado previamente un título propio con precios prohibitivos. Eso significa limitar los títulos oficiales a quienes tienen dinero, lo que es inmoral y genera una discriminación de naturaleza económica en las enseñanzas públicas. Contra este tipo de actuaciones se me encontrará abiertamente enfrentado hasta el final y constituyen la principal razón por la que abogo por que la formación especializada se lleven a cabo fuera de la universidad.
P. Con respecto al tema de las especialidades, otra cuestión sobre la cuál habrá que hablar largo y tendido es: ¿cuántas y cuáles?
R. Sólo deberían crearse como especialidades oficiales, titulada aquellas que cumplan los requisitos establecidos para erigirse en especialidades. Esos requisitos habrá que definirlos, pero en principio una especialidad no está justificada, en mi opinión, si no existe una demanda por parte de los profesionales generalistas. Otro requisito es que haya oferta por parte de profesionales que, aunque sea de forma oficiosa, poseen esa formación. Otra: que tengan técnicas y armamentarium propios. Y otra: que exista necesidad clínica.
Otro asunto esencial es que no podemos dividir las especialidades en compartimentos estancos. Puede haber solapamientos. Habrá profesionales cuyas habilidades e intereses coincidan y se superpongan en parte con campos y técnicas propios de otras especialidades.
Por eso, lo primero que tenemos que hacer es concretar el concepto de especialidad y cuando un campo satisfaga esos requisitos se constituirá como especialidad oficial titulada.
P. Hablemos de la campaña de prevención del cáncer oral promovida por el Consejo General: ¿Está satisfecho con los resultados? ¿Se ha logrado el impacto esperado?
R. Estamos muy satisfechos con el resultado de la campaña. Hubo mucha movilización de ciudadanos y mucho voluntariado de dentistas. Quizá con lo que estamos más desencantados es, como siempre, con la burocracia. Al final de la campaña hay que recoger los informes y procesarlos. En esto vamos muy retrasados. No sé si es que los dentistas no han rellenado correctamente las fichas que tenían que rellenar o si los coordinadores de cada comunidad autónoma están saturados de trabajo y por eso todavía no nos han trasladado los resultados; el caso es que los datos no nos acaban de llegar.
Hay que decir que ocurrió lo mismo en la campaña de 1994-95.
Sin embargo, estamos tan contentos con el interés despertado en pacientes y dentistas que, con independencia de que se hayan detectado pocos o muchos cánceres (todavía no lo sabemos), en los próximos presupuestos propondremos repetirla el año que viene.
P. Para terminar, una pregunta obligada: ¿qué avances se han producido en estos doce meses en la lucha contra el intrusismo profesional?
R. Seguimos luchando, acumulando sentencias. Ayer, concretamente nos trasladaron una de Asturias, unos días atrás, otra en Sevilla y otra en Huelva… La jurisprudencia se va pronunciando cada vez de manera más clara con respecto a las actividades que suponen intrusismo, aunque yo creo que casi todo el mundo lo sabía. Hay solamente un grupo de personas vinculadas al consejo de protésicos dentales que, tergiversando las leyes, han pretendido engañar a jueces simulando litigios donde no los había. Así, mediante trampas, han conseguido sembrar cierta zozobra, e incluso lograr alguna sentencia aislada que les es satisfactoria.
Por ejemplo, las consultas de protésico dental que pretendían hacer prosperar son ya una ilegalidad reconocida en uno de los lugares donde tramaron el engaño, que fue Extremadura. El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no es asumible la actividad clínica de los protésicos dentro de la legalidad vigente.
El protésico dental es un profesional muy importante, insustituible, por el que yo siento un gran respeto. Me refiero, claro está, a los verdaderos protésicos dentales, no a los «cuece-acrílicos» ni a los chapuceros incapaces de vivir de su profesión y que tratan de ejercer otra de la que saben todavía menos. A estos últimos no les tengo ningún miramiento y, mientras yo sea presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos no van a tener oportunidad de trepar por medio de sus consabidas argucias, porque yo voy a defender a ultranza a los ciudadanos y no voy a consentir que sean víctimas de engaños y de chapuzas. Les perseguiré con todos los medios legales que estén en mi mano.
La legislación española ha sido muy indulgente con el intrusismo, y como consecuencia hay intrusos que van sumando reiteradas actuaciones intrusas, ya que les compensa, debido a la escasa cuantía de las sanciones. Lo que pasa es que, en determinadas ocasiones, como fruto de sus estafas se les pide responsabilidad civil por los perjuicios causados en la salud de los ciudadanos. Es cuestión de ir educando poco a poco a la población, explicándoles y haciéndoles ver que pueden hacer reclamaciones, a veces millonarias, por los daños que se les causan.
El Consejo General de Protésicos es defensor del denturismo, y por lo tanto respalda el intrusismo, porque en España el denturismo no es otra cosa que un ilícito penal, aparte de ser en todo el mundo una barrabasada sanitaria, solo aceptable como mal menor en los países donde no existen suficientes recursos humanos de verdaderos profesionales clínicos debidamente cualificados para una asistencia dental científica y digna. Tanto el Consejo de Colegios de Protésicos Dentales como el Colegio de Madrid se esforzaron en hacer un despliegue mediático y publicitario enorme cuando presentaron una denuncia fatua e incosistente contra la esposa del ex presidente del Gobierno, de cuya condición trataron de obtener éxito propagandístico. Pero el archivo ya está producido, ha llegado a la instancia superior y les han dicho que no tiene ninguna razón. De esta resolución, claro está, no han hecho publicidad alguna. El ocultismo de lo que no les conviene forma parte de su estrategia y manipulación de sus colegiados paganos.
Es el engaño por el engaño. Esto es algo que es muy importante que sepan los protésicos dentales: precisamente en el auto de archivo se invoca, entre otras cosas, la disposición adicional décimotercera de la nueva Ley del Medicamento, una disposición adicional que fue introducida por iniciativa nuestra y que contempla la protección de derechos reivindicados por los protésicos, porque contempla, tal cual habíamos pedido, que se separen los honorarios del dentista y los del protésico para prevenir distorsiones informativas al paciente y para que ellos puedan marcar sus precios libremente y no se sometan a los nuestros.
Sin embargo, si entras en las páginas propagandísticas de estos ciudadanos prointrusos, ellos pregonan que con esa disposición adicional decimotercera nos han «marcado un gol» (con estas palabras). Lo triste es que hay quienes todavía les creen y les financian.
De momento, ya es la primera sentencia a nuestro favor y en su contra: el artículo 4 de la Ley del Medicamento (ahora artículo 3.1 de la Ley) no es de aplicación a su manida y falsa acusación contra los dentistas, porque lo que ellos dicen que es por nuestra parte una venta; según esa disposición adicional, no es una venta, sino un acto propio de nuestras atribuciones legales.
En fin, seguirán engañando durante algún tiempo a sus compañeros, porque hay algunas personas que sólo quieren creer aquello que les conviene. Pero la naturaleza es tozuda y lo que uno no quiere creer no deja de existir por ello. Y al final hay que pagar las consecuencias. Su futuro cada vez es más sombrío. Pero el daño causado a las relaciones entre los verdaderos protésicos y los dentistas, y a los ciudadanos crédulos, ya está hecho. Sólo falta esperar a que poco a poco vayan teniendo que arrostrar con los daños.
