La oferta que había presentado DONTE GROUP por una parte de las clínicas de la red de Vivanta ha expirado. Sobre la mesa, las discrepancias relacionadas con las condiciones de la operación y la devolución del rescate público concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo General de Dentistas lamenta las consecuencias y considera intolerable que, mientras se sucedían las negociaciones para la venta del grupo, miles de pacientes hayan permanecido en una situación de incertidumbre. Por ello, reclaman, una vez más, mecanismos que protejan eficazmente a los ciudadanos cuando una clínica dental cierra o deja de prestar los tratamientos contratados y una ley de publicidad sanitaria que impida campañas comerciales agresivas o engañosas.
Para el Consejo General de Dentistas, resulta inadmisible que, mientras se negociaban cifras millonarias, condiciones financieras y responsabilidades sobre la deuda, los pacientes hayan continuado expuestos a la incertidumbre sobre sus tratamientos. “No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria”, declara el presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro Reino.
El Consejo General de Dentistas considera que esta situación demuestra, una vez más, la necesidad urgente de establecer mecanismos que protejan eficazmente a los ciudadanos cuando una clínica dental cierra o deja de prestar los tratamientos contratados. Asimismo, insiste en que es imperativo aprobar una ley de publicidad sanitaria que impida campañas comerciales agresivas o engañosas y refuerce la protección de los ciudadanos frente a prácticas que puedan anteponer criterios mercantiles a los sanitarios.
“Llevamos años advirtiendo de que la Odontología es una profesión sanitaria y de que la salud de las personas no puede tratarse como un simple producto de consumo. No cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario”, afirma el Dr. Castro.
Tanto en la web de Vivanta Dental, que ha dejado de estar operativa, como en la de Aestes -sociedad matriz de Vivanta- la única información que se ofrece a los usuarios es: «Debido a la suspensión temporal de la actividad asistencial actualmente no disponemos de medios para prestar atención odontológica».
Recomendaciones para los pacientes afectados
–Conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
-Solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
-Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
-Si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
-Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
-Dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
Desde el Consejo General de Dentistas se ponen a disposición de los pacientes y de los profesionales afectados para facilitar, dentro de sus competencias, la información y orientación necesarias ante esta situación.
