Desde el Consejo General de Dentistas de España, se exigen garantías inmediatas para los afectados por los cierres de varias clínicas de Vivanta y considera inadmisible que pacientes con tratamientos en curso y, en muchos casos, abonados anticipadamente puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica. Reclaman, de nuevo una reforma normativa que establezca mecanismos de garantía para los pacientes.
El Consejo General de Dentistas de España manifiesta su profunda preocupación e indignación ante el cierre o la suspensión repentina de la actividad de numerosos centros de la cadena Vivanta. Para el Consejo General, resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados.
Además, destacan en un comunicado que «la gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI: 20,4 millones mediante un préstamo participativo y 19,6 millones mediante un préstamo ordinario». El propio Consejo General ya reclamó públicamente conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo y, posteriormente, las razones de la ampliación de su calendario de devolución.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una “empresa estratégica” para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, pero estos criterios y documentos siguen sin ver la luz, denuncian desde la Organización Colegial.
El presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro Reino, señala que «resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad. La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos».
El Consejo General exige que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada paciente información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento: quién lo asumirá, en qué centro, en qué condiciones y qué ocurrirá con las cantidades ya abonadas. Cualquier solución empresarial que permita preservar la actividad será positiva si garantiza de forma efectiva los derechos de los pacientes.
Mecanismos de garantía
El Consejo considera que, después de los precedentes con los cierres de iDental, Dentix y otros centros, no es razonable limitar la respuesta pública a actuar cuando el perjuicio ya se ha producido. Por ello, reclama que se establezcan por ley mecanismos de garantía financiera que protejan las cantidades abonadas anticipadamente y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente y una ley de publicidad sanitaria que impida campañas de agresivas donde la salud se trate como bienes de consumo. «La fórmula puede articularse mediante un fondo de garantía, aval, seguro u otro instrumento equivalente, siempre que sea eficaz y proporcionado», detallan.
«Esta reclamación es neutral respecto de la forma societaria, la dimensión o el modelo empresarial del prestador. Las garantías deberían aplicarse con criterios objetivos a cualquier operador sanitario que perciba por adelantado cantidades correspondientes a tratamientos de ejecución futura. La libre iniciativa empresarial y la competencia son plenamente compatibles con una protección reforzada del paciente; lo que no resulta aceptable es que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria», añaden.
¿Qué hacer si es un paciente afectado por estos cierres?
Mientras se clarifica la situación de cada centro y de cada tratamiento, el Consejo General de Dentistas recomienda a los pacientes afectados:
- Conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
- Solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
- Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
- Si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
- Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
- Dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
Desde el Consejo General de Dentistas se ponen a disposición de los pacientes y de los profesionales afectados «para facilitar, dentro de nuestras competencias, la información y orientación necesarias ante esta situación».
