La Fundación para el Avance de la Libertad ha publicado el informe Reforma de la baja médica en España: propuestas centradas en el paciente y en la eficiencia del sistema, elaborado por Rafael Caviedes Duprá y María José Hernández Leal, en el que analiza la evolución de la incapacidad temporal (IT) en España y plantea diferentes medidas para reformar su gestión.
El documento señala que la presión sobre el sistema ha aumentado en los últimos años, principalmente por el incremento del número de procesos iniciados. La incidencia mensual de bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos pasó de 20,51 en 2015 a 38,02 en 2025, un aumento acumulado del 85,4%, mientras que la duración media de los procesos finalizados pasó de 37,8 a 38,9 días, un 2,9% más. Según recoge el informe a partir de datos de AIReF, este crecimiento se concentra especialmente en las bajas relacionadas con patologías musculoesqueléticas y de salud mental.
En 2025 se procesaron, además, 6,9 millones de incapacidades temporales, de las que 2,3 millones fueron indemnizadas, con un coste superior a 12.761,6 millones de euros, según los datos de la Seguridad Social incluidos en el documento.
Duplicidades entre la sanidad pública y privada
Uno de los problemas que identifica el informe es la separación entre el diagnóstico clínico y la formalización administrativa de la baja. En las contingencias comunes, la incapacidad temporal debe ser emitida por un médico del Sistema Público de Salud, de modo que un paciente valorado en la sanidad privada debe acudir posteriormente a Atención Primaria para obtener el parte oficial.
Los autores consideran que este procedimiento genera duplicidades, carga administrativa, pérdida de tiempo para el paciente y un uso ineficiente de los recursos públicos.
Para reducir estas duplicidades, el informe propone crear un Registro Electrónico Único (REU) en el que los profesionales médicos de la sanidad pública, privada y las mutuas comuniquen las bajas a la Seguridad Social. Este sistema incorporaría un expediente digital único con información sobre el motivo clínico, la duración estimada, las revisiones, los tratamientos, las altas y las recaídas.
También plantea modificar la normativa para que cualquier médico colegiado y habilitado en España, registrado en el sistema y vinculado legal o contractualmente al sistema al que esté adscrito el paciente, pueda emitir bajas y altas laborales. La propuesta se acompaña de controles mediante auditorías, revisión de duraciones atípicas, cruces de datos y trazabilidad de diagnósticos y renovaciones.
Mayor control y flexibilidad en la reincorporación
Entre las medidas planteadas figura también reforzar la supervisión de los procesos repetidos, prolongados o estadísticamente anómalos, establecer mecanismos de arbitraje entre paciente y pagador y aumentar la responsabilidad profesional y del trabajador en los casos de uso fraudulento.
El documento propone además introducir fórmulas más flexibles de reincorporación laboral, como la adaptación temporal del puesto, la jornada parcial terapéutica, las tareas alternativas, el teletrabajo temporal cuando proceda o la reincorporación escalonada.
En su análisis internacional, el informe recoge modelos de Italia, Reino Unido, Noruega, Suecia y Chile. En Noruega, por ejemplo, determinados dentistas, quiroprácticos y fisioterapeutas pueden certificar bajas en supuestos específicos, mientras que en Chile pueden hacerlo médicos, enfermeras y dentistas del sistema público o privado.
En sus conclusiones, los autores sostienen que la reforma de la incapacidad temporal debería orientarse a reducir la burocracia, reforzar la trazabilidad y la supervisión y avanzar hacia una mayor capacidad certificadora bajo acreditación y una plataforma digital única.
