La Fiscalía de Madrid ha acusado a la titular de una clínica dental ubicada en la capital española por realizar, presuntamente, labores exclusivas de la profesión de odontólogo sin poseer el título habilitante para ello, pidiendo una pena de 11 meses de prisión. «Un caso más que evidencia la insuficiencia de las penas previstas para el delito de intrusismo», denuncian desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM).
En el caso investigado en Madrid no consta que la presunta intrusa contara con ningún tipo de capacitación específica para desempeñar funciones en una clínica dental cuando la acusada venía realizando de forma habitual diagnósticos y tratamientos a pacientes.
Los hechos fueron detectados por los servicios de investigación del COEM y, posteriormente, tras la correspondiente denuncia ante la inspección de centros, la presunta intrusa fue sorprendida in fraganti, por un inspector de Sanidad, atendiendo a un paciente. Además, figuraba en múltiples anotaciones de las historias clínicas de los pacientes como autora de diversos tratamientos.
A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de 11 meses de prisión. Por su parte, el COEM califica estos hechos como un delito de intrusismo profesional agravado. En consecuencia, ha solicitado para la acusada la imposición de dos años de prisión y la inhabilitación especial para ocupar cualquier puesto de trabajo en una clínica dental, así como para ostentar la titularidad de centros sanitarios durante un periodo de dos años.
«Se trata de un caso más que evidencia la insuficiencia de las penas previstas para el delito de intrusismo, que, en el ámbito de las profesiones sanitarias, no solo debe proteger los intereses profesionales, sino también la salud de los pacientes, quienes en muchas ocasiones son víctimas sin ser conscientes de ello», aseveran desde el COEM.
«Nuestro Colegio —personado y ejerciendo la acusación particular en decenas de procedimientos de este tipo— va a iniciar una serie de acciones para solicitar la modificación del Código Penal, con el fin de incrementar las penas por intrusismo en profesiones sanitarias», afirman desde el COEM.
