Vivanta ha alcanzado un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para retrasar hasta julio de 2028 la devolución del rescate financiero de 40 millones de euros que recibió en 2022.
Ante esta situación, el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, muestra “su total desacuerdo, ya que, una vez más, se pone de manifiesto una clara situación de privilegio de Vivanta frente a otras empresas y autónomos que no han recibido ningún tipo de ayuda estatal y que han tenido que recurrir a préstamos privados con condiciones mucho más exigentes”.
“Cabe recordar que Vivanta fue rescatada por el Gobierno por ser considerada una empresa estratégica, aunque nunca se han conocido las circunstancias que llevaron a catalogarla de esta forma. En mayo de 2023, el Consejo General de Transparencia estimó el recurso presentado por el Consejo General de Dentistas frente a la resolución de la SEPI por la que se denegaba el acceso a todos los informes y documentos en los que se basaron para declarar a Vivanta como empresa estratégica. Es decir, Transparencia consideró innegable el elevado interés público en conocer la justificación de estas ayudas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda recurrió esta decisión y, por ahora, no hay sentencia al respecto”, explican desde el Consejo.
El Dr. Castro insiste en que “muchas de las 23.000 clínicas de dentistas autónomos que existen en España estuvieron al borde de la quiebra o tuvieron que cerrar sus puertas durante la crisis sanitaria de la Covid-19 y que no pudieron acceder a ninguna prestación, excepto los ERTEs, mientras que una compañía que pertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en publicidad y que presentó un ERE para reducir su plantilla, recibió 40 millones”.
“Desde el Consejo General de Dentistas reiteramos nuestro compromiso de defender los intereses de los profesionales del sector odontológico, quienes, a lo largo de los últimos años, se han visto obligados a afrontar situaciones económicas extremadamente difíciles sin recibir el apoyo financiero del Estado. Por ello, exigimos que se garantice la transparencia y la igualdad de trato en la concesión de ayudas públicas, evitando favorecer a grandes corporaciones en detrimento de pymes y autónomos. Por tanto, es fundamental que se aclaren los criterios por los que se rescató a Vivanta y todas las facilidades que se le están dando para que devuelva esos 40 millones”, concluye el Dr. Castro.
