Una clínica dental en Baracaldo (Vizcaya) ha cerrado sus puertas sin previo aviso a los pacientes. El centro pertenecía a la franquicia Caredent hasta octubre del año pasado pero, desde entonces está en manos de Naturdental Plus S.L, a cargo del empresario E.G.S.
Este escándalo ha movilizado a decenas de pacientes al ver que sus tratamientos se quedaban sin finalizar a pesar de haberlos pagado o financiado. Las quejas han llegado hasta el Colegio Oficial de Dentistas de Vizcaya (CODBI), donde se ha informado a los afectados el derecho a acceder y recuperar sus historias clínicas y a que sus tratamientos sean finalizados en las mismas condiciones en que fueron contratados, sobre todo, si han sido cobrados o financiados con antelación.
De hecho, varios afectados ya se han acercado a la sede colegial para poner una reclamación e informarse sobre las actuaciones que deben llevar a cabo. Del mismo modo, los trabajadores de la clínica han acudido tanto al CODBI como a oficinas del consumidor para exponer su situación y emprender las acciones legales necesarias. Por su parte, el Colegio ha trasladado la información a la Consejería de Sanidad del País Vasco, que ha corroborado el cierre inesperado del centro.
Tras lo ocurrido, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, ha insistido en que seguirán dándose este tipo de situaciones si no se toman las medidas oportunas desde la Administración. “A pesar nuestras advertencias y de todo lo ocurrido con iDental, con casi medio millón de afectados en toda España, muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura se siguen expandiendo y publicitando en nuestro país sin ningún tipo de control”, subraya. Además, añade que son centros que están en manos de empresarios ajenos a la Odontología y que anteponen su interés económico sobre la salud de los pacientes: “Son sociedades mercantilistas que, al no estar dirigidas por dentistas, escapan al control de los Colegios de Dentistas y del propio Consejo”.
Necesaria regulación estatal de la publicidad sanitaria
Esta situación se evitaría si la Administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual permite a las Organizaciones Colegiales sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales del sector.
Por tanto, urge en este sentido una regulación estatal de la publicidad sanitaria para que la información que se difunda sea veraz y comprensible, esté basada en la ética y el conocimiento científico, y no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos.“Desde el Consejo General de Dentistas seguiremos presionando a la Administración para que se lleven a cabo las medidas que hemos solicitado y así impedir que se repitan escándalos sanitarios como los que estamos viendo. Asimismo, pedimos a las autoridades competentes que amparen a los pacientes estafados por este tipo de clínicas”, zanja el Dr. Castro Reino.
