El Consejo General de Dentistas se persona como acusación popular
Pese a la falta de soluciones, las reivindicaciones y protestas de los miles de pacientes afectados por el cierre de todas las clínicas de iDental en España se han sucedido durante el periodo estival, de manera que el escándalo se encuentra ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Varios meses de reclamaciones de los pacientes fueron el preámbulo del cierre, el pasado mes de junio, de las clínicas que iDental tenía repartidas por distintas localidades de España y que originaron una avalancha de protestas de miles de personas damnificadas y las reacciones de numerosas organizaciones, entre las que se encuentra el Consejo General de Dentistas de España, quien, con motivo de la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado Central de Instrucción nº 5 en las que se investigaba el presunto fraude de iDental, se personó como acusación popular. Paralelamente, y en defensa de los damnificados por tratamientos inacabados, mala praxis, dificultades con los créditos, falta de garantías, infecciones, etc., se creó la Asociación Nacional de Afectados por iDental (Adafi), a través de la cual, éstos pudieron reivindicar sus derechos en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los partidos políticos. Gracias a todo ello, a día de hoy, el caso se encuentra en manos del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien investiga si hubo delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
Reacciones
Ante la gravedad de los acontecimientos, tanto el Consejo General de Dentistas como el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM)convocaron sendas ruedas de prensa sobre el caso. Así, el presidente del Consejo General y del Colegio de Dentistas de Murcia, Óscar Castro, junto con el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por iDental (Adafi), Francisco Javier Camacho, y el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, Francisco Abril Ruiz, analizaron la situación provocada por el cierre de las clínicas de iDental, reclamando que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, según la cual, «el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. «Desde mi apreciación como presidente de todos los dentistas de España, la Justicia y la Administración deben buscar y perseguir a los culpables para que respondan patrimonialmente ante todos los afectados», aseguró el Dr. Castro.
Por su parte, el presidente del Colegio de Dentistas de la I Región, Antonio Montero, quien asegura que «estamos ante uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en nuestro país», convocó a los medios para reclamar la creación de una oficina pública de atención a los afectados, ya que «solo a través de una entidad desde la que se canalicen todas las actuaciones y atención a los pacientes, se podrá evaluar la verdadera dimensión del problema y, con ello, actuar en consecuencia y dar una solución a los miles de afectados». Tal y como explicó, en una comparecencia en la que le acompañaron tres afectadas, la situación de los pacientes es y ha sido dramática, ya que tienen que enfrentarse a innumerables obstáculos y se ven obligados a peregrinar de un lado a otro solicitando información y orientación sobre cómo actuar».
Historias clínicas y financiación
Dos son los temas prioritarios que -en opinión del COEM- esta oficina tendría que solventar de manera urgente. El primero, la localización, custodia y entrega de las historias clínicas de los pacientes. El segundo, «la suspensión del pago de los préstamos otorgados a los pacientes, que tienen que seguir aportando las cuotas mensuales de un crédito concedido para un tratamiento que, en muchos casos, no ha concluido». Del mismo modo, el Dr. Castro también solicitó a la Justicia que se intervinieran las historias clínicas de los pacientes de iDental, pidiendo la colaboración de las Consejerías de Sanidad para custodiar las mismas, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la normativa de protección de datos y asegurar los derechos de los pacientes al derecho de acceso, supresión, oposición, etc., a quienes se les entregaría toda la documentación para que puedan seguir con sus tratamientos y emprender las acciones legales oportunas. En este sentido, al cierre de esta edición se ha producido el registro por parte de la Policía de un total de 19 clínicas de iDental repartidas por toda España en búsqueda de los historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de hechos delictivos.
Asimismo, y en lo referido a la financiación de los tratamientos, Castro ha solicitado al Banco de España que, como autoridad supervisora nacional, «adopte las medidas que se estimen oportunas con el fin de investigar y, en caso de resultar procedente, sancionar a las entidades vinculadas con iDental, así como para evitar que hechos como este se repitan en el futuro». Desde el Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones del Banco de España, dirigido por Fernando Tejada, aseguran que, al detectar un incremento de las consultas sobre este tipo de créditos, se ha hecho un «seguimiento singular» con el inicio de una serie de actuaciones supervisoras sobre determinadas entidades, especialmente, sobre las que más incidencias han registrado. Del mismo modo, destacan que «estas actuaciones se circunscriben al ámbito de competencias del Banco de España y solo se dirigen a las entidades que están bajo su supervisión, de manera que no abarca a algunas de las entidades que podrían haber concedido este tipo de financiaciones».
El Consejo General de Dentistas ha querido agradecer las actuaciones llevadas a cabo por el Banco emisor y ha mostrrado «su total colaboración para impedir que escándalos como el de iDental vuelvan a suceder en nuestro país».
Advertencias futuras
Entre las numerosas y más recientes reacciones por parte de los diferentes colegios de dentistas de todo el territorio nacional se encuentra la del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES), que ha querido mostrar públicamente su apoyo a los afectados por la situación del cierre de iDental en Asturias. Desde el colegio asturiano aseguran que «la legislación ha sido muy permisiva en temas como la publicidad sanitaria y en los controles de las actividades de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, lo que ha llevado a una prestación deficiente de esos servicios y a la posibilidad de que ocurran circunstancias como las que se han dado con iDental. Desde el CODES entendemos que la acción más urgente es regular la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para evitar que haya anuncios y campañas engañosas que solo buscan mercantilizar el bien más preciado que tienen las personas, que es su salud».
Por su parte, el Colegio de Dentistas de Sevilla advierte de que lo ocurrido con iDental puede repetirse en el futuro, «ya que no es la primera vez que una clínica dental cierra de forma repentina dejando pacientes con sus tratamientos pagados y no realizados y que, desgraciadamente, puede repetirse en el futuro». En ese sentido, el colegio profesional destaca que muchas clínicas dentales corporativas con la misma estructura que iDental se siguen expandiendo y publicitando en nuestro país.
El colegio de dentistas sevillano se presentó como acusación particular en las diligencias penales por apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta y posible delito contra la salud pública. La institución colegial sigue recibiendo quejas y atendiendo a pacientes afectados por el cierre de esta clínica dental.
El papel del dentista
Por otra parte, y tras tener conocimiento que en la provincia de Alicante se publicitan los servicios de protésicos dentales para atender a los afectados de iDental, el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS), actualmente al frente de la presidencia del Consejo Valenciano de Odontólogos y Estomatólogos (CONVOE), quiere recordar que es el dentista (odontólogo o médico-estomatólogo) «el único profesional legalmente facultado para intervenir en la boca de los pacientes», realizando el diagnóstico y las pruebas clínicas oportunas como, por ejemplo, la toma de medidas necesarias para elaborar la prescripción de la prótesis dental, así como su posterior adaptación y colocación en la boca del paciente.
Por este motivo, el presidente del CODECS y del CONVOE, Victorino Aparici, se muestra tajante al afirmar que cualquier protésico dental que trabaje directamente sobre la boca del paciente «está cometiendo un delito de intrusismo profesional», tipificado en el artículo 403 del Código Penal.
Intermediarios
Finalmente y a modo de conclusión, el Dr. Castro ha querido hacer constar que «el Consejo General de Dentistas de España y los Colegios Oficiales de Dentistas de nuestro país estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los afectados por el cierre de iDental, pero no tenemos la capacidad de tomar medidas contundentes que solucionen el problema, ni tampoco podemos obligar a los dentistas a terminar los tratamientos o solucionar los problemas que se han ocasionado, puesto que cada colegiado es un profesional liberal independiente que paga sus impuestos, cubre sus gastos y no recibe ningún tipo de ayuda ni está sujeto a nadie. El Consejo y los Colegios Oficiales podemos hacer de intermediarios, pero no podemos obligar a los dentistas a solucionar un problema ocasionado por un tercero».
La Ministra de Sanidad solicitó la suspensión de los créditos
En lo que supuso su primer pronunciamiento público sobre el escándalo de iDental, la nueva titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, solicitó a las entidades bancarias, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en el Congreso, que suspendieran los créditos concedidos a los afectados por el cierre de las clínicas de iDental, «porque no se les está dando la atención que habían contratado». Dichas declaraciones tuvieron lugar después de las numerosas denuncias sobre el caso iDental por parte, tanto del Consejo General de Dentistas de España, que desde el primer momento solicitó la colaboración de las Consejerías de Sanidad para custodiar los expedientes de los pacientes afectados, como del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM).
«Los Colegios de Dentistas no son responsables del caso iDental»
Recientemente, una letrada del colectivo «Legales sin Fronteras» realizó unas declaraciones en las que explica su intención de activar una antigua asociación de afectados, a través de la cual, emprender acciones legales contra el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña por el supuesto incumplimiento de sus funciones deontológicas. A este respecto, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, considera que estas declaraciones ponen en tela de juicio el buen hacer de los Colegios de Dentistas de España, los cuales habían advertido en varias ocasiones a las autoridades sanitarias sobre el elevado número de reclamaciones recibidas en los últimos meses por pacientes de esta cadena de clínicas. Por todo ello, desde la Organización Colegial no descartan emprender las acciones legales necesarias contra esta letrada o contra quienes pretendan responsabilizar a los Colegios de Dentistas del caso iDental.
El cierre de iDental lleva a la Sanidad privada a la 3ª posición del ranking de reclamaciones de FACUA
La Sanidad privada se ha situado, por vez primera, en la tercera posición del ranking de reclamaciones que elabora FACUA-Consumidores en Acción y que corresponden al primer semestre de 2018. La causa la encontramos en la avalancha de quejas que ha provocado el cierre de las clínicas de iDental. Telecos, Banca y Sanidad han sido los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante el primer semestre de 2018, tal y como ha dado a conocer esta organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. A lo largo de este periodo, los equipos jurídicos de FACUA han abierto un total de 6.204 expedientes de reclamación en representación de sus asociados. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de FACUA, a través del teléfono y en su web, la cifra alcanzó las 23.722. El tercer puesto corresponde, por primera vez, a la Sanidad privada, con el 18% de las denuncias. El origen se encuentra en las irregularidades y el cierre de las clínicas odontológicas iDental, que ha dado lugar a que cerca de 3.500 afectados se hayan unido ya a FACUA. Pero también son muchas las denuncias de malas prácticas e incumplimientos contractuales en otras empresas del sector de la sanidad privada, que se suman a las numerosas quejas de los usuarios por la devaluación de la calidad de la sanidad pública, según aseguran desde el organismo de consumidores.
