Idental y Vitaldent han derivado pacientes a la sanidad pública
El Consejo General de Dentistas considera «inadmisible» que estas cadenas, que ya han cobrado por la prestación del servicio, deriven pacientes a la Seguridad Social.
El servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital General Universitario de Castellón ha denunciado casos de «mala praxis» que han tenido que solucionar de pacientes procedentes de la cadena marquista Idental y de la franquicia Vitaldent en la provincia de Castellón.
Ambas cadenas han derivado pacientes a la sanidad pública al presentarse complicaciones tras la realización de determinados tratamientos. Según el servicio de Cirugía Maxilofacial del citado hospital, todas las actuaciones con pacientes en el ámbito odontológico requieren una atención continuada, y que el profesional tenga los conocimientos necesarios para tratar cualquier contratiempo que pueda surgir tras el tratamiento. El servicio de Cirugía Maxilofacial puntualiza que remitir a un paciente a la Seguridad Social para que terceros resuelvan el problema supone un coste económico al erario público, y por ello anuncia que procederán a poner en manos de la inspección médica toda la información y a activar «el mecanismo de compensación económica de la asistencia hospitalaria necesaria para resolver la situación derivada de su actuación sobre el paciente».
El Consejo General de Dentistas de España, que ha tenido acceso a esta información mediante un escrito remitido por la Gerencia del Departamento de Salud de Castellón al Colegio Oficial de Dentistas de Castellón, considera inadmisible que se produzcan este tipo de situaciones en las que, en determinadas clínicas de cadenas marquistas y franquicias, se acometan cirugías (algunas incluso con carácter docente) sin que sean capaces de resolver los problemas que puedan acontecer por complicaciones surgidas tras estas intervenciones. Además, que se envíe a los pacientes a la Seguridad Social de manera sistemática para su resolución implica un importante coste que recae íntegramente sobre los contribuyentes, lo cual es a todas luces inaceptable puesto que los responsables de estas cadenas ya han percibido el importe que costaba la intervención.
