Foro «La mercantilización de la Odontología: un problema de salud pública»
Representantes de la Administración pusieron de manifiesto su falta de conocimiento del grave problema de «La mercantilización de la Odontología» durante su participación en el Foro organizado por el Colegio de la I Región. Los presidentes del Consejo General de Dentistas y del COEM expusieron la necesidad de que se tomen medidas para solucionar la situación de la Odontología española.
La publicidad engañosa, los tratamientos decididos por comerciales, la plétora profesional y la propiedad de las clínicas por no profesionales de la Odontología fueron las cuatro columnas sobre las que se construyó la argumentación de los representantes de los dentistas españoles para reclamar una urgente implicación de la Administración que acabe con la mercantilización de la Odontología convertida en un auténtico problema de salud pública.
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro, abogó por regular la publicidad sanitaria, especialmente la que fomenta «el más barato todavía con anuncios gancho, precios con asteriscos y ofertas que inducen confusión», porque «en salud lo barato puede salir muy caro». Hizo también referencia al surgimiento de los comparadores entre clínicas, «pero solo por precios, no por la calidad profesional», criticó, y amplió su condena a las «personas ajenas a la profesión que montan clínicas, en base al ultraliberalismo mercantil, y pasan de ser empresarios a especuladores».
No obstante, el doctor Castro centró en la plétora profesional el principal problema de la situación que hoy vive la Odontología española y dejó claro que es «totalmente necesario establecer númerus clausus en las facultades privadas» porque «España se ha convertido en la fábrica de dentistas de Europa», afirmación que apoyó con el número de colegiados, que ha pasado de 17.500 en el año 2000 a 34.000 en 2015.
Antonio Montero, presidente del Colegio de la I Región (COEM), corporación organizadora de este Foro de Actualidad Odontológica, recordó que la publicidad engañosa no existe en otros países, «ni siquiera es igual en toda España». Citó una serie de países de nuestro entorno, como Alemania, Dinamarca, Francia Italia, Holanda, Gran Bretaña o Grecia, en los que «la publicidad está controlada para salvaguardar a los pacientes» y fue muy crítico con las reducidas sanciones que se aplican en estos casos «porque una multa de cinco mil euros no afecta a las grandes cadenas, que facturan más de cien millones al año». También hizo referencia a los «comerciales que presionan a los dentistas para hacer sobretratamientos que ayuden a cumplir los objetivos de facturación» y fue especialmente crítico con «una cadena de clínicas que se anuncia como solidaria, infla los tratamientos y luego aplica descuentos diciendo que es una subvención. Eso es ilegal», y puntualizó que «no buscan el bien del paciente sino hacer negocio, rentabilizar su inversión».
En representación de la Administración participaron el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, y Adolfo Ezquerra, director general de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El primero manejó diversos artículos de la Ley General de Publicidad para justificar la regulación de la relacionada con el sector sanitario y propuso tres caminos para acabar con la publicidad engañosa: someterse a autocontrol, un organismo voluntario no obligatorio; acudir al procedimiento judicial, y al control administrativo. Sí fue más claro al afirmar que «es sancionable» que un comercial haga tratamientos. En cuanto a la plétora aseguró que «en números absolutos de dentistas, España ocupa el cuarto lugar en Europa, detrás de Alemania, Francia y Gran Bretaña».
El señor Ezquerra, por su parte, aseguró que en Madrid no hay una libertad total de publicidad sanitaria y dijo estar dispuesto a «escuchar la voz de los profesionales para hacer una normativa que se pueda cumplir», al tiempo que recordó que se había sancionado a Funnydent por el cierre de las clínicas sin aviso previo y aceptó que las sanciones por publicidad engañosa «son bajas».
En el turno de preguntas intervino una afectada por el cierre de Funnydent, que dijo haber dejado en la clínica todos sus dientes y el dinero. «No sé si en España hay muchos dentistas, yo con que uno, el mío, sea bueno me conformo», relató la mujer, y cuestionó la labor de la Administración en estos asuntos.
Esta reunión para tratar sobre «la mercantilización de la Odontología: un problema de salud pública» fue moderada por el presidente de los Foros de Actualidad Odontológica del COEM, el Dr. Vicente Jiménez, y el anterior presidente del colegio, el Dr. Ramón Soto-Yarritu. Entre los asistentes se encontraban el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, su homólogo en la Asamblea de Madrid, Daniel Álvarez, y el también portavoz de Sanidad en la cámara madrileña por el PSOE, José Manuel Freire.
