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«Todo el sector rema ahora en la misma dirección para conseguir paliar los problemas de la profesión»

Consejo General y sociedades científicas, todos a una

Algo está cambiado en el ámbito político odontológico de nuestro país. Tras algunas desavenencias entre los principales organismos que representan a la profesión, ahora el Consejo General de Dentistas, la Universidad y las sociedades científicas se han puesto de acuerdo para hacer llegar a las autoridades un mismo mensaje; una misma voz que demanda la implantación de las especialidades y de la Formación Continua Obligatoria (CPD) a un Ministerio «al que ya no le queda más remedio que escucharnos».

En DENTALUS, el Primer Salón de la Formación Dental celebrado en nuestro país y organizado por GACETA DENTAL, los principales representantes de las sociedades científicas de España veían muy lejana la implantación de las especialidades en Odontología: «Tardarán bastante en llegar», se dijo entonces. Estas palabras fueron secundadas por la mayor parte de instituciones odontológicas allí reunidas.

Sin embargo, en la actualidad, tan solo ocho meses después, los presidentes de las sociedades científicas vislumbran un claro futuro en el que el título oficial de especialista esté reconocido en España: «Si se mantiene el mismo equipo de gobierno después de las elecciones nacionales del 20 de diciembre, las especialidades podrían salir adelante en un periodo de tiempo razonable», afirma el presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), el doctor David Herrera, en un reciente desayuno de trabajo organizado por esta revista.

¿Qué ha pasado en el transcurso de estos meses? ¿Cómo han evolucionado las conversaciones de los principales actores de la Odontología española? ¿Cuáles son los pasos que está dando el Consejo General para alcanzar sus objetivos? ¿Se dará por fin respuesta a las necesidades de la profesión? Para contestar a estas cuestiones GACETA DENTAL ha reunido al Consejo General de Dentistas de España, representado por el doctor Miguel Ángel López-Andrade –vocal supernumerario de la organización colegial que además ejerce como delegado del Consejo para sociedades científicas–, con cinco presidentes de sociedades españolas: los doctores Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES); Antonio Bowen Antolín, de la Sociedad Española de Implantes (SEI); José María Malfaz Vázquez, de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE); David Herrera González, de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), y David Gallego Romero, de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) –aún presidente cuando se celebró el desayuno–.

Algo está cambiando

En aquella reunión celebrada en abril de 2015, Peldaño y GACETA DENTAL quisieron aportar su pequeño grano de arena reuniendo en un mismo espacio, el Salón DENTALUS, a todos los agentes implicados en la formación. Allí, el doctor David Gallego, presidente de la SECIB, manifestó en una mesa redonda que «es preciso regular la situación y, en este sentido, el Consejo debe dar un paso al frente».

El doctor Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, no hizo oídos sordos a aquellas palabras y comenzó a sentar las bases de lo que sería la primera reunión entre Consejo, universidades y sociedades científicas, para llegar a un consenso entre los principales organismos implicados en la formación dental española. De ese encuentro, celebrado en julio de 2015, salió un mensaje conjunto, más sólido y coherente, solicitando la implantación de las especialidades en Odontología a los Ministerios de Educación y Sanidad, «que ya no puede mirar hacia otro lado amparándose en nuestra falta de consenso», señala el doctor David Herrera.

A día de hoy, el doctor David Gallego afirma: «El Consejo está en una dinámica muy positiva y constructiva». Y es que, aunque el sector llevaba años solicitando la regulación del sistema formativo, hasta ahora no se había establecido una estrategia conjunta entre los principales actores de la profesión. «Por fin las sociedades científicas nos hemos puesto de acuerdo, entre nosotras y con el Consejo, que en este momento tiene una buena predisposición, no solo a la hora de generar una mayor actividad, sino también con mejor actitud y voluntad para cambiar las cosas», señala el doctor Gallego.

Esta «buena predisposición» de la organización colegial ha dado lugar a una alianza entre los principales agentes del sector para transmitir a la Administración las necesidades de la profesión. El doctor Miguel Ángel López-Andrade afirma que «las sociedades, universidades y el Consejo estamos en armonía y transmitimos, por fin, el mismo mensaje. Ahora el balón está en el tejado del Ministerio».

Y es que el Consejo General de Dentistas de España está más activo que nunca, no solo en su apuesta por las especialidades odontológicas, sino también en su lucha para lograr un sistema de control en el acceso a la carrera de Odontología, a través de los númerus clausus, y una Formación Continua Obligatoria que asegure la calidad asistencial que reciben los pacientes, como ocurre en otros países europeos. «Ahora es el Gobierno el que tiene que dar vía libre a nuestras propuestas. El Ministerio de Educación debe afrontar, de manera urgente, las necesidades de nuestra profesión», reclama el doctor López-Andrade.

El presidente de SEPES, el doctor Juan Ignacio Rodríguez, afirma: «En este momento los organismos odontológicos de nuestro país están abriendo las puertas y las ventanas. La nueva Odontología demandaba un cambio y se está produciendo».

Igualdad de oportunidades

Las acciones que está llevando a cabo el Consejo General, junto a los principales agentes que conforman el ámbito académico y científico de la Odontología española, tienen la finalidad de equiparar nuestros títulos con los europeos, garantizando así la igualdad de condiciones en el acceso a la formación especializada. «De todos los países de la Unión Europea, tan solo Luxemburgo y España carecen de especialidades», comenta el doctor Miguel Ángel López-Andrade. Y hay que tener en cuenta que Luxemburgo solo tiene unos 500.000 habitantes y únicamente 518 dentistas –prosigue–. Allí no tienen ni facultades de Odontología, por lo que, a efectos prácticos, podemos decir que España es el único país europeo que no cuenta con estos títulos».

En España, con más de 47 millones de habitantes, ya existen más de 30.000 dentistas. «Los odontólogos españoles estamos en franca desventaja», comenta el vocal supernumerario del Consejo. «Equiparar nuestros odontólogos con los del resto de la Unión Europea es una labor prioritaria que permitirá mejorar la preparación de los profesionales españoles y el servicio asistencial ofrecido a los pacientes», continúa.

Según el doctor David Herrera, «la discriminación en cuanto a la movilidad de trabajadores en la Unión Europea es completamente absurda y ahora el Gobierno empieza a ser consciente de ello. Hasta ahora hacía oídos sordos porque las autoridades odontológicas no nos poníamos de acuerdo en el tema de las especialidades, pero ya no le queda más remedio que escucharnos. Sin embargo –continúa el presidente de SEPA– aún tendríamos que habérselo puesto más fácil, definiendo la manera de desarrollar el proceso de cambio hacia este nuevo paradigma formativo».

El presidente de AEDE, el doctor José María Malfaz, afirma que «no es necesario precisar tanto, puesto que no hay que inventar nada; el proceso ya ha tenido lugar en otros países europeos, solo tenemos que seguir sus pasos». Para el doctor López-Andrade lo más importante es «estar preparados porque, cuando llegue el momento, el Ministerio nos consultará a nosotros, a todas las partes, y el Consejo debe unificar el mensaje que queremos trasmitir».

«La organización colegial nos debe servir para vehicular la situación», apunta el doctor Juan Ignacio Rodríguez. «Ahora remamos todos en el mismo sentido y todo lo que podamos coordinar redundará en beneficio de la profesión», explica.

Según el doctor David Herrera, «los mensajes que llegaban antes al Gobierno eran propuestas desorganizadas, pero ahora el Consejo tiene una visión más abierta. No podemos saber lo que pasará tras las elecciones nacionales, pero si seguimos por este camino, las especialidades saldrán adelante».

Además, para asegurar que así sea, el Consejo General de Dentistas se ha encargado de trasladar sus demandas a las instituciones europeas: «Nos hemos preocupado de hacer llegar nuestras necesidades a los organismos internacionales y contamos con el apoyo de Europa», afirma el doctor Miguel Ángel López-Andrade. En este sentido, el doctor Herrera reconoce el esfuerzo que está realizando la organización colegial y afirma que «se ha producido un cambio de actitud que todos agradecemos. El nuevo presidente –continúa– no solo escucha nuestras peticiones, también actúa».

López-Andrade añade que «con el anterior ejecutivo se realizaron dos reuniones con las sociedades a lo largo de cuatro años; y nosotros ya hemos hecho tres en lo que llevamos de legislatura, la última el 13 de noviembre».

«En la actualidad –prosigue el representante del Consejo– hay una relación de armonía entre todas las partes implicadas en la consecución de los objetivos de la profesión y nos ayudamos y complementamos mutuamente. El problema que nos encontramos ahora son las próximas elecciones nacionales, que nos hacen vivir nuevamente con incertidumbre. No podemos saber si el proceso seguirá avanzando».

Formación Continua Obligatoria

Además del tema de las especialidades, otro de los aspectos abordados por los participantes en este encuentro fue la necesidad de instaurar la Formación Continua Obligatoria (Continual Professional Development – CPD) para garantizar que los profesionales actualicen sus conocimientos periódicamente a lo largo de toda su carrera. Para el doctor José María Malfaz «es tan importante la instauración de la obligatoriedad de la formación continua como conseguir las especialidades, porque en la actualidad solo el 50% de los profesionales se reciclan, lo que significa que una gran cantidad de dentistas están ejerciendo su profesión sin haber pisado un congreso o asistido a un curso en los últimos 20 años».

Los presidentes de las sociedades científicas agradecieron al representante del Consejo General de Dentistas su buena predisposición.
Los presidentes de las sociedades
científicas agradecieron al representante del Consejo General de Dentistas su
buena predisposición.

El doctor Miguel Ángel López-Andrade afirma que «si en España siguiéramos el ejemplo de nuestros países vecinos y el Ministerio instaurara la Formación Continua Obligatoria mejoraría la calidad asistencial en Odontología, lo que redundaría en una mejor salud bucodental de la población, que, al fin y al cabo, es nuestro fin como organización colegial».

En 2004, de los 32 países europeos, solamente diez otorgaban un carácter obligatorio a la formación continua y, en la actualidad, esta cifra asciende a 16. Desde las instituciones odontológicas europeas ya se está instando a las autoridades de nuestro país para que se adopten las medidas necesarias para implementar esta formación obligatoria. «Lo más probable –comenta López-Andrade– es que en el futuro haya una legislación europea que nos obligue a realizar este tipo de formación para que sea la única forma de poder renovar la autorización de funcionamiento de las clínicas».

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿Quién debería impartir esta formación? El doctor Juan Ignacio Rodríguez afirma que «la Formación Continua Obligatoria debería ser asumida por el Consejo, pero no de forma independiente, sino consensuada por las sociedades».

La voz de la institución colegial en esta reunión, el doctor López-Andrade, manifiesta que «estamos totalmente abiertos a aprovechar el conocimiento de las sociedades para garantizar que estos cursos sean de calidad, y si alguien identifica una formación que no tiene el necesario aval científico lo debe poner en nuestro conocimiento».

Pero para el doctor Malfaz «es el Consejo el que tiene que llamar a las sociedades para buscar ese consenso, no debería dejarlo en nuestras manos, sino solicitar, de antemano, nuestro sello. Así, obtendría un doble beneficio: por un lado, ofrecer una formación adecuada, y por otro, aportar al colegiado un aval de calidad».

López-Andrade toma nota de la recomendación del presidente de la AEDE porque «no hay nada mejor que impartir cursos que cuenten con el consenso de las sociedades científicas. Además –continúa–, ahora mismo estamos modificando todos los procedimientos que se llevan a cabo a través de la Fundación Dental Española, que es la entidad encargada de organizar todos los cursos del Consejo, y estamos abiertos a cualquier propuesta».

Según el doctor David Herrera, «el Consejo General debe servir para complementar las actividades formativas de las sociedades» y, aprovechando la receptibilidad que muestra el ejecutivo de la institución colegial, realiza otra petición: «Hay sociedades que imparten una formación muy completa sobre su disciplina y, en cambio, hay otras que, por ser más pequeñas, no pueden ofrecer cursos de calidad. El Consejo debería llegar a esas áreas donde no se realiza una buena educación, pero no inmiscuirse en aquellas en las que las sociedades cumplen bien con su papel formativo. Habría que llegar a un acuerdo para que no se produzca esa interferencia porque no tiene sentido que las sociedades y el Consejo compitamos por la formación, cuando, en realidad, deberíamos trabajar conjuntamente».

El doctor López-Andrade asegura que el Consejo no solo debe asegurar que la formación se realice en todas las áreas odontológicas, sino también tiene que garantizar que llegue a todo el territorio nacional, puesto que hay colegios profesionales muy pequeños que no disponen de presupuesto para llevar a un ponente de alto nivel ante sus colegiados».
Los presidentes de las sociedades científicas presentes en esta reunión intentan dibujar un futuro en el que la Formación Continua Obligatoria sea una realidad. Sin embargo, López-Andrade prefiere no adelantar acontecimientos: «Habrá que verlo cuando llegue. Ya existe un modelo europeo en el que la formación es impartida por las universidades y revisada y avalada tanto por el Consejo como por las sociedades, pero es una cuestión que el Ministerio tendrá que validar, determinando qué cursos se avalan y de qué manera. El Consejo –prosigue– no es un organismo gubernamental que tenga ese poder de decisión, pero sí puede trasladar su visión a los estamentos oportunos, por eso debemos llegar a un consenso antes de que nos pregunten».

Para ello, según el doctor Herrera, «deberíamos definir qué es la formación continua porque hoy en día tenemos sesiones de pequeño formato, formación modular más intensa, cursos que se imparten en clínicas privadas o que vienen de la mano de la industria. Esta intensa oferta formativa requiere una regulación legislativa y de nosotros no puede salir, puesto que somos ‘juez y parte’. Si el Consejo actúa como agente regulador debería prescindir de su formación continua, porque mientras tenga cursos propios no puede actuar como un regulador objetivo».

El doctor Antonio Bowen, en cambio, no ve incompatible la labor formativa del Consejo con su papel regulador «porque la organización colegial debe llevar la formación continua a aquellas poblaciones con dificultades de acceso, ayudando a los colegios profesionales que no tienen fortaleza para formar a sus colegiados adecuadamente».

Para el doctor David Gallego, «las universidades y los colegios llegan hasta donde pueden y son las sociedades las que tenemos la responsabilidad de llevar la formación a aquellas zonas que no tienen acceso a la misma, recorriendo todo el territorio nacional, en convenio con las organizaciones colegiales, para facilitar el acceso a todos los profesionales».

Para el presidente de la SEI, el doctor Antonio Bowen, «se trata de trabajar conjuntamente, de manera que si el Consejo decide hacer un curso en una determinada área odontológica, confíe la organización de esa formación a la sociedad más representativa de ese campo para que aporte el aval científico necesario».

«Ahora todos estamos arrimando el hombro para garantizar la formación continuada de los profesionales –manifiesta el doctor Gallego–, pero es cierto que el papel del Consejo podría ser más eficaz actuando como agente regulador que como un actor más. Además, si este organismo no tuviese su propio programa de formación continua podría ayudar más, con su logística, a los colegios y a las sociedades para que lleguen a todas las zonas geográficas, con lo que ganaría mucha legitimidad».

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