Solicita una mayor colaboración del Ministerio de Justicia
Los cambios introducidos en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en lo relativo a las penas por intrusismo profesional siguen sin tener el suficiente carácter disuasorio a juicio de la Organización Colegial.
El Consejo General de Dentistas considera que la modificación realizada en el Código Penal con la publicación de la nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, –con la que, entre otros asuntos, se amplían las penas de multa y los requisitos para las penas de prisión por los delitos de intrusismo profesional– no es suficiente para reducir el elevado número de infracciones que se producen en el ámbito de la Odontología española.
Teniendo en cuenta los daños que se pueden llegar a provocar en la salud de la población, el Consejo General de Dentistas considera que, a pesar de los cambios introducidos, las penas siguen siendo muy leves e insuficientes por lo que continúan sin conseguir el fin disuasorio que deberían tener y que, por lo tanto, no contribuirán a reducir el elevado número de casos de intrusismo profesional que se producen en el sector.
Contacto con el Ministerio de Justicia
Por este motivo, el Consejo General de Dentistas ha vuelto a trasladar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su preocupación por el grave riesgo que supone para la salud de la población la normativa actual ya que no se está protegiendo de forma adecuada a la ciudadanía frente a los numerosos delitos de intrusismo profesional que se producen dentro del ámbito de la Odontología, especialmente por una parte de los protésicos e higienistas dentales.
De este modo, la Organización Colegial ha reiterado al ministro la necesidad de realizar una profunda modificación de la legislación vigente con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de la población, así como garantizar una asistencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad, luchando de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias.
De la misma forma, se ha instado a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleven a cabo una mayor y estrecha colaboración con la Organización Colegial para perseguir y erradicar este tipo de delitos.
