El Consejo acoge una jornada de debate para mejorar la gestión colegial
Unión Profesional (UP) organizó la Jornada «El buen gobierno en el sector colegial», en la que representantes de los consejos y colegios profesionales hablaron sobre cómo realizar una gestión eficiente y ética de los organismos del sector.
Con el fin de contribuir a la modernización y a la gestión eficiente de las organizaciones colegiales, Unión Profesional (UP) organizó la jornada «El buen gobierno en el sector colegial». En ella, representantes de los Consejos Generales y Superiores, y Colegios Profesionales asociados a UP, pudieron profundizar en cuestiones relacionadas con el buen gobierno y debatir sobre sus semejanzas y diferencias con la deontología profesional, término ampliamente conocido y característico del entorno colegial.
Para ello, se contó con la intervención de Javier Garilleti, director de Sostenibilidad, Reputación y RSC para España en EY, e Hilda Garrido, coordinadora de la Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de la Universidad Carlos III de Madrid. En la jornada participaron asimismo Jordi Ludevid y José Antonio Galdón, vicepresidentes de UP, así como el vicepresidente del Consejo General de Dentistas, Juan Antonio López, en calidad de anfitrión.
En su intervención, Javier Garilleti acercó a los asistentes el significado del buen gobierno y los principales aspectos que lo integran: «el buen gobierno es el sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas según el interés de sus representados, para mantener y crear valor».
Aunque se trata de un concepto desarrollado en el ámbito empresarial, la mayoría de los principios y cuestiones que promueve podrían ser aplicadas a cualquier tipo de organización. Por ello, Garilleti animó a las organizaciones colegiales a trasladar los modelos de buen gobierno diseñados por las empresas a sus propias estructuras. «Del mismo modo que las empresas se dieron cuenta, en su momento, de que el buen gobierno les aportaba valor, les protegía frente a posibles riesgos en la gestión y garantizaba su reputación, las organizaciones colegiales también deben y pueden hacerlo, ya que les reportará seguridad y una mayor confianza por parte de sus públicos».
Elementos como la transparencia, la responsabilidad y la implantación de un modelo de control corporativo, forman parte de lo que se entiende como un gobierno efectivo, lo que se traduce en cuatro ejes fundamentales de trabajo: rendición de cuentas; equidad a la hora de proteger los derechos de los representados; transparencia para garantizar información sobre la situación financiera, el desempeño y el gobierno corporativo; y responsabilidad corporativa (RSC) en el sentido de reconocer los derechos e intereses de todas las partes legalmente interesadas y estimular la cooperación para generar un interés compartido. Según resaltó el experto, existen unos ámbitos comunes en los que se mueven todas las organizaciones, como son: el relativo al Consejo de Administración (misión, composición, estructura, funcionamiento, obligaciones, conflictos de intereses, etc.) y a las Comisiones (auditoría, retribuciones, nombramientos, cumplimiento…); los sistemas y procesos de control y supervisión; la información y comunicación; y los códigos de conducta y RSC.
Los factores clave del gobierno corporativo son: estructura y composición del Consejo; desempeño y efectividad del Consejo; estrategia, planificación y control; gestión del riesgo; comités efectivos y adecuados; transparencia e información; y responsabilidad social.
Buen gobierno vs. deontología profesional
Hilda Garrido centró su ponencia en destacar los principales aspectos que diferencian el buen gobierno y la deontología profesional, concepto que se encuentra en la esencia de las profesiones colegiadas.
Aunque en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (Art. 41 y 43), ambos conceptos aparecen entremezclados, la experta señaló que se trata de dos cuestiones distintas: «la deontología profesional engloba los principios de ética pública que buscan un comportamiento confiable (digno de confianza) por parte de los profesionales, mientras que el buen gobierno persigue que los órganos de gobierno y las personas que ostentan el poder de la dirección de una organización, actúen conforme a unos principios».
El código deontológico establece los principios que debe cumplir un profesional cuando ejerce y el código de buen gobierno fija las normas éticas y de conducta que deben cumplir las Juntas de Gobierno y órganos directivos, así como los miembros de una organización.
En palabras de Hilda Garrido, «a pesar de que ambos son códigos, marcan principios de ética pública y buscan generar confianza en el ciudadano o usuario final, el objeto de regulación es distinto. En el caso del código deontológico, estamos regulando al profesional; y en el del código de buen gobierno, al directivo». En este sentido, la experta propuso a las organizaciones colegiales que, independientemente de lo establecido en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, es su deber desarrollar códigos de buen gobierno aparte de los códigos deontológicos que cada profesión tiene definidos.
Durante el debate, José Antonio Galdón resaltó que «hay muchas cuestiones relacionadas con el buen gobierno, como es el caso de la transparencia, que deben estar presentes en la actividad diaria de muchos consejos generales y colegios profesionales».
Según Jordi Ludevid, «el tema de la deontología y el buen gobierno es fundamental para el sector colegial, no solo por la reputación de las profesiones o de las instituciones que las representan, sino en términos de viabilidad». En este sentido, UP confeccionará unas bases que recojan los criterios comunes a tener en cuenta para la elaboración de códigos de buen gobierno en el sector colegial.
