La Sociedad Española de Historia de la Odontología (SEHO) celebró, en el Palacio de los Velada de Ávila, su XI Congreso Nacional y V Internacional durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
Ponentes y asistentes debatieron sobre el tema monográfico que les agrupaba, «Los últimos 25 años de la Odontología española» –en sus aspectos socio-profesional, legal, científico y sanitario–, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Licenciatura en Odontología. Tras el debate, se elaboró el «Documento Ávila–2011», en el que se reflexiona y advierte sobre la precaria situación profesional que vive la Odontología española y se proyectan los datos de cara a 2020, con el fin de informar a los estamentos profesional, docente y sanitario y que estos actúen en el apartado de competencias que les corresponda, o lo transmitan a las autoridades superiores respectivas con idéntico fin.
La problemática del exceso de profesionales
Según el documento, actualmente el número de dentistas colegiados en España es cercano a 28.000, con una población de 47.150.819 de habitantes. De acuerdo al ratio idóneo establecido por la OMS (un dentista por cada 3.000 habitantes), la cifra adecuada sería de 15.716 dentistas, de donde se infiere que hay un excedente aproximado a los 12.000 dentistas. Siguiendo esta tendencia y según las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y las previsiones de profesionales del Consejo General de Dentistas de España, se deduce que en 2020 habrá un excedente de 24.000 dentistas. De esta manera, en el «Documento Ávila 2011» se concluye la necesidad de instaurar el «numerus clausus» en las Facultades de Odontología de España a fin de paliar, que no remediar, una situación insostenible. Asimismo, según la
SEHO se impone el compromiso de no abrir en lo sucesivo más Facultades de Odontología. Por otra parte, la progresiva disminución del índice CAOD (promedio de dientes cariados, ausentes por caries y obturados) a la edad de 12 años (desde 4,2 en 1984 a 1,2 en 2000), detectado en las encuestas de ámbito nacional de salud oral, es uno de los exponentes más claros de la estabilización de las enfermedades dentales en nuestro país, que así se mantendrán en el año 2020 según el estudio «La salud bucal en España en el año 2020». Si bien es satisfactorio para el colectivo que se hayan cumplido sobradamente los objetivos de la OMS en materia de salud buco dental (gracias a la colaboración de los profesionales de la salud), se complica aún más la precaria situación ocasionada por el excesivo número de dentistas.Otro de los aspectos que recoge el documento trata la presencia hospitalaria del odontólogo. La desaparición de gran parte de los servicios de estomatología en los hospitales públicos, siendo reemplazados por los servicios de cirugía máxilofacial, conlleva la ausencia de la figura del dentista en actos que son de incumbencia propiamente odontológica. La SEHO recuerda en el informe que, de acuerdo a la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, el dentista debe formar parte del equipo que atiende en el hospital al paciente odontológico y ello deberá ser tenido en cuenta por las autoridades sanitarias en la dotación de dichos servicios.
Cobertura sanitaria de las enfermedades dentales
Otra de las conclusiones redactadas subraya que actualmente las enfermedades dentales, salvo en muy contados sectores como el infantil o el de pacientes discapacitados, siguen careciendo de cobertura a cargo del Sistema Nacional de Salud; situación inadmisible por la que se discrimina a aquellas personas que padecen enfermedades dentales, frente a quienes las padecen en el resto de los órganos del cuerpo humano. La SEHO considera necesario solicitar a las autoridades públicas que asuman la igualdad de trato en la asistencia para las enfermedades dentales.
Por último, el documento advierte de la urgencia de supervisar la normativa que regula la publicidad odontológica, para evitar así la situación de ventaja en la que entran determinados grupos de asistencia odontológica, cuyos mensajes publicitarios deben ser autorizados o prohibidos de acuerdo al código deontológico de la profesión.
