Aprobada la directiva que regula la asistencia sanitaria transfronteriza y clarifica los derechos de los pacientes en el extranjero

La Eurocámara aprueba una norma que clarifica los derechos de los pacientes que deseen recibir asistencia sanitaria en un país de la Unión Europea distinto del suyo. La nueva legislación, acordada por el Parlamento y el Consejo, establece las condiciones para el reembolso de los tratamientos
realizados en el extranjero e introduce un sistema de autorización previa.

Los eurodiputados han aprobado por amplia mayoría, en una votación a mano alzada, el acuerdo con el Consejo. La ponente del Parlamento Europeo, Françoise Grossetête, señaló que «los pacientes ya no se sentirán abandonados cuando buscan tratamiento médico en el extranjero. Esta directiva aclarará los derechos de los pacientes, que hasta ahora eran muy difusos». Las nuevas normas aclaran los derechos de los pacientes a recibir asistencia médica en otros Estados miembros. Como norma general, será el país de afiliación (residencia) el que sufrague los costes que habrían sido abonados en su territorio por el mismo tratamiento. Si existe una diferencia de precio, correrá a cargo del paciente. Las autoridades nacionales podrán exigir una autorización previa cuando los pacientes deban ingresar en el hospital al menos una noche o en el caso de tratamientos especializados. A iniciativa de los eurodiputados, los países tendrán que explicar los motivos por los que rechazan una autorización, de acuerdo con una lista recogida en la directiva. Podrá denegarse el tratamiento cuando suponga un riesgo excesivo para el paciente o la población o cuando haya dudas sobre la calidad del mismo. El rechazo de una autorización no puede basarse en la existencia de listas de espera en territorio nacional. Los Estados miembros deberán crear puntos nacionales de contacto para dar información a los pacientes que estén pensando en solicitar un tratamiento en otro país de la UE. La asistencia médica en el extranjero puede beneficiar a los pacientes en listas de espera o que no disponen de tratamientos especializados en su país. En este sentido, la directiva propone reforzar la cooperación entre los Estados miembros en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras. Los Estados miembros gastan alrededor de un 1 por 100 de sus presupuestos de sanidad en tratamientos realizados en el extranjero. Estas normas se aplicarán a los pacientes que pretenden recibir un tratamiento en otro país de la UE. Por tanto, los ciudadanos podrán seguir solicitando la tarjeta sanitaria europea, que cubre tratamientos de urgencia en estancias cortas en el extranjero y no se verá afectada por esta directiva.

«Los europeos prefieren la asistencia cerca de casa»

Respecto a la nueva directiva aprobada, el Comisario Europeo de Salud, John Dalli ha declarado que «constituye un importante avance para los derechos de los pacientes en Europa». También felicitó y dio las gracias al Parlamento Europeo, y en particular a la ponente, Françoise Grossetête, por «su compromiso de mejora de los derechos de los pacientes y de las condiciones de los ciudadanos europeos que buscan asistencia en otro Estado miembro».

En palabras de Dalli, «la Directiva clarifica cuáles son los derechos de los ciudadanos para acceder a un tratamiento seguro y de calidad a través de las fronteras de la UE y recibir el correspondiente reembolso. Los europeos prefieren recibir asistencia sanitaria cerca de casa: nadie quiere desplazarse más de lo necesario cuando está enfermo. Sin embargo, los ciudadanos tienen a veces que ir al extranjero, cuando los especialistas o la asistencia sanitaria que precisan no están disponibles dentro de las fronteras nacionales o, sencillamente, porque el hospital más próximo está al otro lado de la frontera». Para el comisario europeo, «esta Directiva dará lugar a una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en materia de salud». Dalli afirma que «los especialistas sanitarios de toda Europa podrán intercambiar las mejores prácticas y beneficiarse de las innovaciones en evaluación de tecnologías sanitarias y salud electrónica» y anima a los Estados miembros a que se apresuren a transponer esta Directiva.