En opinión de AMA, las medidas tomadas por la DGS contra el consejo de administración de la mutua, son totalmente desproporcionadas e inadecuadas “y están ocasionando daños patrimoniales muy graves tanto a esta compañía, que vive de las pólizas y de la confianza de sus asegurados, como a sus más de quinientos empleados”. La entidad ha contratado a un penalista para analizar una supuesta prevaricación.
El Consejo de Administración de AMA se enfrenta a graves sanciones por parte de la Dirección General de Seguros. Según se filtro a los medios de comunicación a principios de octubre, la DGS dictó una propuesta de resolución que condenaba a 20 años de inhabilitación al presidente de la mutua, doctor Diego Murillo; al actual secretario, Dr. Manuel Campos, y al anterior secretario, Dr. Manuel Sánchez García. Además, les impuso una multa de 225.000 euros a cada uno, por estimar que habían cobrado dietas de más.
Por otra parte, exigía al Consejo de Administración de AMA, la devolución de los más de 2,5 millones de euros indebidamente gastados (según la DGS) entre los años 2004 a 2007, en concepto de reuniones que no se celebraron.
El pasado mes de junio, la DGS abrió un proceso sancionador contra la aseguradora, transcurrido el cual AMA dispuso de 20 días para presentar alegaciones, periodo tras el que dio a conocer la mencionada sentencia el 4 de octubre. Desde ese día, el consejo de Administración de AMA ha dispuesto de un nuevo lapso de 20 días para dar a conocer sus alegaciones. Una vez finalizado el mismo, la Dirección General de Seguros dictará la resolución definitiva, la cual, según han declarado fuentes de la mutua, será contestada por AMA mediante recurso de alzada, por vía contencioso-administrativa después y, agotada la vía administrativa, recurriendo a la justicia ordinaria.
Por su parte, el Consejo de Administración de Agrupación Mutual Aseguradora, acordó el pasado 5 de octubre en reunión extraordinaria estudiar las posibles implicaciones penales de la Dirección General de Seguros, DGS, en la tramitación de distintos expedientes contra AMA. La aseguradora ha decidido contratar a un prestigioso penalista para analizar si las irregularidades y anomalías cometidas por la DGS durante su actuación suponen una presunta prevaricación.
Desde el Consejo se considera que las irregularidades y anomalías cometidas por la DGS suponen un grave perjuicio para la entidad, que buscará su adecuado resarcimiento. "Las medidas son totalmente desproporcionadas e injustificadas, y suponen una auténtica persecución de tipo personal. Están ocasionando daños patrimoniales muy graves tanto a esta compañía, que vive de las pólizas y de la confianza de sus asegurados, como a sus más de quinientos empleados", expresaron.
"Cualquier hipotética sanción que pudiera llegar a imponerse como consecuencia de los expedientes sancionadores en curso no surtirá efecto hasta que no se pronuncie un Tribunal de Justicia en ese mismo sentido", se indica desde el Consejo. Mientras tanto, subrayan que "no existe ningún obstáculo legal para que todo el Consejo de Administración de AMA continúe en el pleno ejercicio de sus funciones, y para que emplee en su defensa todos los medios legales que considere oportunos", para lo que fue autorizado por la Asamblea General de la sociedad del pasado 30 de junio.
En las propuestas de resolución dictadas por la DGS, y que carecen de valor vinculante o ejecutivo, se habla de distintas multas para los miembros del Consejo de Administración por la percepción indebida de dietas y emolumentos durante los cuatro últimos años. El Consejo de Administración de AMA ha expresado repetidas veces su estupor ante dicha acusación, por cuanto la propia Dirección General de Seguros los había dado por buenos en todas sus inspecciones anteriores, y por cuanto todas las dietas y emolumentos de AMA han sido notificados en forma y aprobados por mayoría absoluta en las sucesivas Asambleas Generales anuales de la entidad.
El importe medio de las percepciones recibidas por cada consejero en esos cuatro años (2004 a 2007) asciende a 49.561 euros anuales, que estuvieron siempre vinculados con reuniones ejecutivas y estatutarias indispensables para el buen funcionamiento de la entidad.
El Consejo recordó además que los mutualistas de AMA refrendaron en la última Asamblea General un informe extraordinario de su presidente, según el cual “la actuación de la DGS contra AMA es disconforme a Derecho porque presenta vicios y falta de ajuste a la Ley, y porque toda ella responde a una finalidad espuria como es la de buscar la dimisión o remoción de sus administradores”.
Los consejeros subrayan que la DGS está incumpliendo los supuestos de hecho exigibles para la adopción de medidas de control especial sobre la compañía, "por cuanto AMA es una entidad saneada, solvente y bien dirigida que no requiere del control de la DGS, que la Ley prevé para situaciones de riesgo económico-financiero".
De hecho, sobre las cuentas de AMA de 2007, aprobadas en la Asamblea Ordinaria del pasado 30 de junio, entre 1996 y el año pasado, AMA ha cuadruplicado su número de asegurados, desde 121.148 hasta 519.583; ha multiplicado por 2,5 su volumen de primas, desde 72,89 millones de euros hasta 182,96 millones de euros, y ha incrementado desde 20 hasta 89 el número de inmuebles en propiedad.
Los consejeros critican además de la DGS que "aplica indebidamente meras recomendaciones o criterios morales francamente discutibles, para tratar de poner en tela de juicio la gestión de AMA; reprocha a la entidad prácticas absolutamente comunes a las sociedades y compañías mercantiles, especialmente a las aseguradoras, y vulnera gravemente los derechos de libertad de empresa y de audiencia y defensa en el seno del procedimiento de medidas de control", añaden.
