El estudio «Public Dental Workforce Capacity and Inequality in Spain», elaborado por Manuel Jesús Enciso Ripoll, José Enrique Iranzo Cortés, Manuel Bravo y Francisco Javier Silvestre y publicado en el International Dental Journal, analiza la capacidad del personal odontológico público en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Su principal conclusión es que España no padece una escasez general de dentistas, sino un desequilibrio entre la abundante oferta privada y la reducida y desigual capacidad del sistema público.
La caries dental y la enfermedad periodontal se encuentran entre las afecciones crónicas más frecuentes del mundo. Además de provocar dolor y dificultades funcionales, pueden ocasionar absentismo laboral, pérdida de productividad y un importante gasto económico para las familias. Estas consecuencias afectan especialmente a las personas con menos recursos.
La salud bucodental también mantiene una estrecha relación con la salud general. La enfermedad periodontal se ha asociado con la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos resultados adversos durante el embarazo. Por ello, la atención odontológica se considera cada vez más una cuestión vinculada a la atención primaria y no únicamente una prestación especializada.
En España, sin embargo, la cobertura pública de salud bucodental ha sido históricamente limitada. Aunque en los últimos años se han ampliado algunas prestaciones, una parte importante de la atención continúa financiándose directamente por los pacientes. El gasto de bolsillo representa el 21% del gasto sanitario total, frente al promedio del 14,5% de la Unión Europea, y el 68% de los españoles señala barreras económicas para acceder a los servicios odontológicos.
España pasó de contar con 3.946 dentistas registrados en 1980 a 42.860 en 2024, un incremento del 986,2%. Con cerca de 85 profesionales por cada 100.000 habitantes, el país presenta una de las densidades de dentistas más elevadas de Europa. Sin embargo, aproximadamente el 97% ejerce exclusivamente en el sector privado.
Para conocer la capacidad real del sistema público, los investigadores recopilaron datos mediante solicitudes de transparencia dirigidas a las 19 administraciones sanitarias españolas. Esta información se completó con registros profesionales, estadísticas de población y datos del Ministerio de Sanidad.
Durante el periodo 2024-2025, solo 1.685 de los 42.860 dentistas en activo eran profesionales públicos asalariados. Esta cifra equivale a una densidad territorial media de 3,36 dentistas públicos por cada 100.000 habitantes y a una carga potencial de 31.590 habitantes por profesional.
Las diferencias entre territorios son considerables. La proporción de dentistas públicos respecto al total oscilaba entre el 2% en la Comunidad de Madrid y el 7,6% en Castilla-La Mancha, lo que refleja una capacidad desigual para ofrecer atención bucodental financiada públicamente.
A los profesionales contratados directamente por las administraciones se sumaban 6.810 dentistas privados acreditados, que participaban en programas públicos en once territorios con modelos mixtos. Al contabilizarlos, la fuerza laboral efectiva vinculada al sistema público alcanzaba los 8.495 profesionales, equivalentes a 17,21 por cada 100.000 habitantes.
No obstante, esta capacidad depende en gran medida del sector privado. En diez de los once territorios con modelos mixtos, más del 80% de los profesionales financiados públicamente eran proveedores privados acreditados. En el País Vasco, la dependencia alcanzaba el 95,4%.
Los autores advierten de que la elevada cantidad total de dentistas puede ofrecer una imagen engañosa sobre la verdadera capacidad del sistema público. Los promedios nacionales no muestran las diferencias autonómicas ni permiten saber cuántos profesionales están realmente disponibles para prestar atención financiada con fondos públicos.
El estudio concluye que ampliar las prestaciones sin reforzar y planificar la plantilla podría aumentar los derechos reconocidos formalmente sin garantizar un acceso real y equivalente en todo el país. Por ello, propone crear un registro centralizado del personal odontológico, un observatorio nacional de salud bucodental y objetivos específicos de planificación de profesionales adaptados a las necesidades de la atención primaria.
