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No se debe decir nada a un paciente que el profesional no esté dispuesto a poner por escrito y firmar. Shutterstock/Lakov Filimonov.

El Dr. X es ortodoncista. Por sus circunstancias personales no tiene clínica propia, sino que trabaja en la clínica de otros profesionales. Realizó un Máster de Ortodoncia en un centro prestigioso y se ha ocupado de actualizarse y formarse en las últimas técnicas.

El Dr. X es contratado en una clínica para realizar los tratamientos de Ortodoncia. Por esa clínica han pasado varios ortodoncistas que han tratado a los pacientes según su diferente criterio (en ocasiones no coincidente) y frecuentemente dejando periodos sin asistencia en las transiciones. Cuando el Dr. X comienza a trabajar en la clínica, los pacientes muestran su enfado por llevar tres meses sin que nadie hubiese controlado la evolución del tratamiento. Ante esto, el Dr. X decide retomar los tratamientos desde el principio, valorando cada caso, y en ocasiones modificando completamente el plan de tratamiento.
Hay un grupo de pacientes (con vínculos familiares entre sí) que son particularmente reivindicativos. Protestan por los periodos sin asistencia (con razón), están disconformes con las cantidades económicas abonadas a la clínica, y muestran desconfianza ante el Dr. X. En un momento determinado, en el que el Dr. X estaba recibiendo críticas y muestras de desconfianza ante la evolución del tratamiento, les explica que el problema es que el planteamiento terapéutico del ortodoncista anterior era erróneo, y este hecho retrasa su tratamiento. El Dr. X nunca tuvo contacto con el ortodoncista anterior, pero considera que su técnica ortodóncica está «desfasada».

Los pacientes piden al Dr. X que les haga un informe poniendo por escrito lo que les ha dicho. Él duda, y al final acaba redactando un documento con un contenido mucho menos crítico que lo expresado verbalmente.

Esta circunstancia provoca el aumento del enfado de los pacientes que acaban demandando legalmente a la clínica, al ortodoncista anterior, y al Dr. X.

Comentario médico-legal

La situación relatada (y basada no en uno, sino en varios casos similares) es una situación frecuente. El nuevo modelo de asistencia odontológica basado en policlínicas con marcas reconocibles por la publicidad y gran rotación de profesionales, favorece estas situaciones.
Cuando un dentista se enfrenta a un paciente que le llega «rebotado» de otro colega, y considera que el tratamiento no ha sido bien realizado, debería tener en mente varios conceptos que son fruto de la experiencia.

Primero: como regla general, no se debería criticar ningún tratamiento sin tener claras todas las circunstancias bajo las que se desarrolló. Decidir, en base a la situación puntual actual, que todo el tratamiento previo fue erróneo, puede ser profundamente injusto. El Dr. X desconoce cómo transcurrió ese tratamiento, hasta qué punto los pacientes siguieron las indicaciones profesionales del ortodoncista anterior, e incluso cómo «heredó» éste a los pacientes. Hay que insistir en la importancia de que la historia clínica incluya no solo los datos técnicos del tratamiento, sino también las llamadas «anotaciones personales», es decir, todas aquellas circunstancias que no siendo datos técnicos, hayan tenido influencia en el transcurso del tratamiento. Esto ayuda a entender muchas cosas. Entre estas «anotaciones personales» estarían la actitud del paciente ante el tratamiento, la limpieza, el que acuda a consulta bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, los posibles conflictos puntuales, etc. Sin estas anotaciones es difícil entender cómo una relación terapéutica en ocasiones acaba tan mal.

Segundo: no se debe decir nada a un paciente que no estemos dispuestos a poner escrito y firmar. Eso de «tirar la piedra y esconder la mano» no es éticamente presentable. Y también debemos cuidar mucho el lenguaje utilizado. Es evidente que no podemos ni debemos engañar al paciente sobre su estado (esto tampoco sería éticamente presentable y aumentaría nuestro riesgo legal). Pero también es evidente que distintos términos que se pueden aplicar a una misma situación no tienen el mismo significado ni tienen la misma connotación para el paciente. Es lo mismo, y no es lo mismo, decir «¿quién le ha hecho esto?» a decir, por ejemplo, que «el tratamiento que presenta es claramente mejorable».

Tercero: no debemos confundir nuestras opiniones técnicas, por fundadas que estén, con la «lex artis», es decir la actuación profesional que todos los dentistas del mundo deberían seguir. En las ciencias sanitarias, por suerte o desgracia, no existen muchas verdades incontestables. Y no deberíamos tener la prepotencia de que nuestra opinión se corresponde con la verdad absoluta. Ante la situación anteriormente descrita, probablemente hubiese sido más razonable decir al paciente que nosotros no hacemos esa técnica (y que tampoco la conocemos en profundidad).

Y una nota final sobre la demanda conjunta que interpusieron los pacientes. La práctica habitual es que la demanda legal motivada por un tratamiento odontológico (generalmente interpuesta, por suerte, en el ámbito civil), se dirija contra la entidad que emitió la factura y los distintos profesionales que tuvieron alguna intervención en el tratamiento. Una de las circunstancias que pueden agravar las consecuencias de estas demandas es que los distintos afectados intenten justificar su praxis echando la culpa a los demás. Las consecuencias suelen ser malas para todos. Es una medida mucho más inteligente intentar coordinar las defensas.