El Consello Galego de Odontoestomatoloxía (integrado por los Colegios de A Coruña, Lugo y Pontevedra-Ourense) quiere manifestar su disconformidad con el anteproyecto de ley de Medidas de Agilización Procesal, actualmente en proceso de tramitación por el Ministerio de Justicia. El Consello se adhiere y respalda las iniciativas que el CESM, Omega y otros colectivos sanitarios han puesto en marcha para que se modifique el contenido del mencionado documento, puesto que, de llevarse a efecto, perjudicaría aún más a los empleados públicos que presenten alguna reclamación ante la Administración.

Conviene recordar al respecto que con la publicación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, se declaró incompetente la jurisdicción social a favor de la contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones litigiosas planteadas por el personal estatutario de los servicios de salud. Tal decisión obligó al mencionado colectivo a renunciar a la vía social en favor de la contencioso-administrativa.

En el supuesto de que el anteproyecto sobre el que trabaja Justicia saliese adelante, a los médicos, como empleados públicos, les resultará complicado revisar las sentencias que no les resulten favorables en los litigios que tengan con la Administración, ya que las cuantías relativas a la interposición de los recursos de apelación ante el Tribunal Supremo pasan de 18.000 a 50.000 euros, mientras que el recurso en casación ante el mismo tribunal se incrementa de 150.000 a 800.000 euros. Por el contrario, por la vía social, el límite económico para acceder a la suplicación en los tribunales superiores de justicia continúa siendo de 1.800 euros.

De este modo, la mayoría de los pleitos de los médicos, que en el 90% de las ocasiones no alcanzan dichas cuantías ni de lejos, deberán resolverse en primera instancia, con el menoscabo que supone para sus derechos. Además, el anteproyecto incluye la novedad de que se le impondrán las costas al reclamante siempre que se desestime su demanda en el juicio.

Esta realidad se cebará especialmente en el personal funcionario y estatutario que, a diferencia de personal laboral, podrá verse expuesto al abono de costas por cualquier reclamación que le sea desestimada en sede judicial.

En la línea de las consideraciones de los colectivos sanitarios, este Consello insta al Ministerio de Justicia a que reflexione y modifique los contenidos mencionados, ya que, tal y como están redactados, generan trabas jurídicas a la hora de presentar reclamaciones laborales ante la Administración.